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Funcionarios del gobierno del estado presentaron ayer a integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan una propuesta de “seguridad y reacción inmediata” ante algún evento de reisgo o amenaza para el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

Según un boletín de prensa difundido por la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, ayer en una reunión con integrantes de organismos de derechos humanos “avanzaron en la aplicación de medidas de protección para garantizar la seguridad del defensor Vidulfo Rosales Sierra y de los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.

Cita que “en el encuentro, en el que participó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, el gobierno del Estado presentó una propuesta de seguridad y de reacción inmediata ante algún evento de riesgo o amenaza para el defensor Rosales Sierra”.

Destaca que “acordaron la revisión del protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que será presentado para su consulta a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y a Amnistía Internacional”.

Se agrega en el comunicado sin precisar los nombres que los defensores de derechos humanos reconocieron la disposición del gobierno de Aguirre “para avanzar pronto en las medidas de protección del defensor Vidulfo Rosales, como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Ángel Aguirre Rivero”.

Detalla que a la reunión acudieron la encargada de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Marta Elba Garzón Bernal; así como representantes del gobierno federal, de Tlachinollan y de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Sí se les está dando garantías a los defensores en Guerrero para que hagan su trabajo: vocero

El vocero del gobierno del estado, Arturo Martínez Núñez lamentó las amenazas que recibió el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinillan, Vidulfo Rosales Sierra, y dijo que tanto a él como a otros luchadores sociales se les están dando garantías para que continúen con su trabajo en Guerrero.

De manera breve, en la conferencia para informar los resultados de la operación Guerrero Seguro, Martínez Núñez recordó ya se reunieron con los representantes no sólo de Tlachinollan, sino de otras organizaciones para ofrecerles medidas técnicas para cada una de ellas y tener protección.

Martínez Núñez recordó que la investigación del caso ya lo tiene la Procuraduría, donde se nombró un Ministerio Público vinculado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos sugerida por los propios luchadores sociales.

Agregó que están en espera de la decisión que tomaron los luchadores sociales con los que se reunieron la semana pasada para que continúen seguir trabajando en Guerrero como es darles equipos de geolocalización, video vigilancia y custodios, debido a que consideró que el gobierno del estado es muy importante darles garantías. (Mariana Labastida).

 

 

 

¿Guerrero seguro?

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

El anuncio espectacular emitido por el presidente Felipe Calderón el pasado miércoles 5 de octubre,  sobre la operación conjunta Guerrero Seguro, nos muestra por una parte, la incapacidad del gobierno del estado para enfrentar al crimen organizado, máxime cuando existe colusión de las corporaciones policiacas con la delincuencia organizada. Por otra parte, la llegada de 600 policías federales, mil militares, 300 marinos y policías de la PGR, a las regiones de Acapulco, Tierra Caliente y Costa Grande, es mantener intocada la estrategia guerrerista sin resultados tangibles y en menoscabo del respeto y protección de los derechos humanos de la población. Con el uso desproporcionado de la fuerza, la falta de controles civiles del Ejército y la Marina, la actitud hostil y represiva con la que actúan los cuerpos de seguridad y la desvinculación que persiste con la sociedad civil organizada, se corre el riesgo de incrementar la violencia, de elevar el índice de violaciones a los derechos humanos, de crispar los ánimos y de sumirnos en un torbellino sangriento con altos costos económicos y sociales.

La lucha frontal contra el crimen organizado será siempre insuficiente si no se cuenta con la participación de la ciudadanía; si no se trabaja con una política de prevención, con un plan orientado a transformar las instituciones encargadas de procurar justicia y de depurar las corporaciones policiacas que ejercen un autogobierno al estilo de las mafias. Lamentablemente las autoridades federales se niegan a atacar el centro neurálgico que le da fuerza y poder a las empresas del crimen, que son sus finanzas, que siguen sin ser investigadas.

En las operaciones conjuntas la población queda a merced de los actores armados y de facto se vive un Estado de excepción. Desde una perspectiva inmediatista (de querer dar resultados meramente estadísticos y en el papel, en pocas semanas), resulta sumamente peligroso, porque el uso indiscriminado de la fuerza, en medio de un caos institucional y sin autoridades confiables, coloca a la ciudadanía entre dos fuegos cruzados que no están acostumbrados a respetar a la población civil.

Por su parte, la población demanda seguridad, ya no puede seguir postergando más esta urgencia, por eso, para las autoridades este imperativo ciudadano tiene que ser atendido a todos los niveles de gobierno. No se puede seguir tolerando que las autoridades municipales y sus cuerpos policiacos sigan actuando sin ningún mecanismo de control y que le hagan el caldo gordo a los poderes fácticos. La precariedad con la que operan varias corporaciones policiacas municipales hablan del descuido y desatención en que las tienen sumidas las autoridades municipales; del uso faccioso y del manejo unipersonal que hacen de ellas. Son fácilmente cooptadas por grupos delincuenciales y forman parte del eslabón más permeable que alimenta las redes de la delincuencia.

Los cuerpos de seguridad del estado se han ganado una mala fama por todas las atrocidades que han cometido desde la época post revolucionaria hasta nuestros días: la policía rural, la montada, la motorizada, la judicial, nos remiten a hechos abominables de un primitivismo caciquil que aún pervive. En Guerrero, hay un trauma colectivo y una herida sangrante de las que se han desentendido las autoridades federales y estatales que se convieerten en cómplices por mantener en la impunidad delitos de lesa humanidad.

La crisis de seguridad que tanto está afectando al país es la expresión más contundente de una crisis mayor que se vive en el mismo sistema político. El socavamiento de las instituciones no ha sido provocado por agentes externos, más bien el desquiciamiento se debe al pésimo desempeño de quienes han ejercido los poderes públicos. Seguimos arrastrando un modelo antidemocrático que está hecho a la medida de una clase política que sólo piensa en sus privilegios y en el control de las instituciones, a través de una democracia representativa que fomenta un sistema de castas basado en la desigualdad y exclusión social.

La violencia y la inseguridad no es otra cosa más que el engendro de un sistema violento, que secuestró a las instituciones y utilizó el aparato de seguridad para proteger intereses de caciques y de clanes políticos. El analfabetismo de los gobernantes en temas tan sensibles como los derechos humanos; el acceso a la justicia; el respeto a las libertades fundamentales; la rendición de cuentas; el manejo transparente de los recursos financieros, dio origen a una grave descomposición política que llegó al grado de institucionalizar la corrupción, de fomentar la impunidad y de ser comparsas de los grupos gangsteriles que crecieron al amparo del poder. Lucraron con los recursos públicos para amasar fortunas personales. Sin ningún rubor establecieron alianzas y celebraron compadrazgos para impulsar negocios ilícitos y apoyar el despojo y la rapiña contra la población más pobre. La visión patrimonialista del poder es compartida por los diferentes partidos políticos que se sienten como la nueva clase iluminada y escogida por el pueblo, para disfrazarse de redentores.

La llamaad Operación Coordinada Guerrero Seguro, que se pone en marcha por las circunstancias críticas creadas por la violencia del crimen organizado, no puede verse como parte de una normalidad democrática. Debe entenderse como una medida excepcional que apela al uso de fuerza del Estado para restablecer el orden perdido, poniendo en riesgo nuestro Estado de derecho. Esta táctica persecutoria tiende a reproducir el juego del gato y el ratón. Lo más que podrán hacer las fuerzas del Estado será ahuyentar a los grupos delincuenciales, que buscaran refugio en otros lugares para  guarecerse y desde ahí, recomponer su centro de operaciones. Es difícil pensar en la extirpación de este cáncer cuando no se atienden las causas estructurales que hunden sus raíces en el mismo sistema que les da sustento. Mientras no se arranquen de tajo los intereses de los grupos políticos que son funcionales a los intereses del crimen organizado, seguiremos con la simulación y la estrategia mediática de dar palos de ciego.

Se tienen que remover todos los escombros que están dentro de las instituciones. Ya es un reclamo generalizado de que tienen que depurarse las corporaciones policiacas, sin embargo, esto resulta insuficiente. La depuración requiere una cirugía mayor, una limpieza  que debe ser integral, por lo mismo, no solo los policías corruptos y violadores de derechos humanos tienen que depurarse, sino también todos los políticos corruptos y simuladores. Es claro que bajo estas circunstancias, la clase política que medra con los privilegios de este sistema, no se hará el harakiri. Tampoco estará en condiciones de protagonizar una transformación del sistema político. Mientras ellos se nieguen a verse en el espejo y a reconocer su responsabilidad de lo que hoy vivimos, seremos ilusos de pensar que la realidad violenta que sufrimos se arranque desde la raíz sólo con acciones policiaco-militares.

La violencia que hoy enfrentamos no es producto de un castigo divino, es consecuencia de una acción humana mal llevada, pero sobre todo de un mal ejercicio del poder, de acciones irresponsables, de gobernantes sin ética ni escrúpulos que consintieron la violación sistemática a nuestras leyes; que le dieron cabida (dentro de las instituciones gubernamentales) a los intereses del crimen organizado. Abonaron la planta de la corrupción y hoy tenemos el florecimiento de la delincuencia organizada en todo su esplendor.

Las estadísticas nos ofrecen un punto referencial sobre el tamaño de los problemas sociales que enfrentamos. En lo que va del 2011 se habla de mil 348 personas ejecutadas en el estado, de las 10 mil 20 ejecuciones que se han registrado a nivel nacional, es decir, que alrededor del 10% de estas ejecuciones se consuman en nuestra entidad. Lo más grave es que en los últimos dos meses se han consumado de 7 a 10 ejecuciones diarias. Esta realidad no puede ser trivializada por ninguna autoridad: vivimos una de las tragedias más escandalosas después de la época revolucionaria que sigue acrecentándose y que no se ven visos de contenerla en el corto plazo, con las instituciones y autoridades que tenemos.

Esta realidad no es sopesada en toda su crudeza por las autoridades de los tres niveles de gobierno, por eso sigue el miedo apoderándose de la población. No es casual que la gente tome a su manera sus propias medidas de protección: hay familias que al sentir un riesgo inminente de sufrir algún atentado a su vida, optan por abandonar su casa y salir de su comunidad. Se sienten desamparadas, saben que ninguna autoridad les tenderá la mano, por eso buscan refugiarse con algún familiar o amigo en las periferias de las ciudades. Esta situación se ha extendido en la sierra, en el municipio de Acapulco, La Costa Grande, la Tierra Caliente, Zona Centro y La Montaña. Se trata de un éxodo forzoso y silencioso. A ninguno  de ellos se les va ocurrir denunciar estas amenazas, porque saben que es peor que la autoridad lo sepa. Otra forma obligada para evitar ser rehén de los intereses de la delincuencia es cerrar sus negocios y luchar por la sobrevivencia a salto de mata. A otros no les queda otra disyuntiva que pagar la cuota.

En Acapulco se habla de que en los últimos 18 meses cerraron 652 negocios. Aunado a ello, la baja del turismo ha tornado inviable la vida de las familias que dependen del sector terciario. Por su parte los que ejercen alguna profesión como los maestros, los médicos, las enfermeras y abogados, se han  acuerpado para enfrentar  las amenazas y extorsiones de los grupos delincuenciales. Han apelado a la libre manifestación para hacer visible un problema transversal que afecta a la sociedad guerrerense. Ahora resulta que también la educación, la salud, el derecho al trabajo y el acceso a la justicia están en riesgo. Los ciudadanos y ciudadanas están copados por esta amenaza inminente; está en riesgo el precario patrimonio de las familias. La vida es un bien volátil y la seguridad se ha transformado en un sueño colectivo que es difícil de alcanzar. ¿Con la operación Guerrero Seguro, los guerrerenses encontraremos una solución de fondo a un problema estructural focalizado en la corrupción, la impunidad y la nula rendición de cuentas de los que se obstinan en ejercer el poder en nombre del pueblo? ¿Con esta clase política es posible tener un Guerrero seguro?

CDHMT: Gobierno Ni-ni

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Así como los sectores gubernamentales perciben a las nuevas generaciones de jóvenes como ni-ni’s porque ni estudian ni trabajan, dando a entender que se trata de una generación perdida, apática y sin proyecto de futuro. Así también los ciudadanos y ciudadanas percibimos a nuestros gobiernos con el mismo síndrome ni-ni, porque ni trabajan para buscar el bienestar de la sociedad, ni estudian las mejores formas para revertir la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta la población en su conjunto.

Hoy enfrentamos una crisis sin precedentes que se manifiesta de manera sórdida y trágica en la violencia que ha tomado dimensiones inimaginables y que ha causado daños irreversibles en las personas, en las familias y en las mismas comunidades y ciudades, lo que ha impedido alcanzar un modo de vivir en condiciones de seguridad. Los gobiernos se han enfrascado en una disputa estéril por el poder, y han invertido todas sus energías políticas para la confrontación partidista, prostituyendo el sentido profundo del ejercicio de la autoridad, entendido como la expresión de un mandato del pueblo a quien debe servir con respeto para construir comunidades seguras con un estándar de bienestar digno.

Los ciudadanos y ciudadanas vivimos en una angustia permanente reforzada por un gobierno apático e indolente que está lejos de entender y de sopesar el drama que enfrentan, no sólo las familias sino los diferentes sectores de la sociedad, que experimentan los estragos que ha causado las políticas fallidas para enfrentar a la delincuencia organizada. Es la misma sociedad la que está obligando al gobierno a que se siente a dialogar con la población agraviada, a que le dedique tiempo para tomar en serio y valorar en su justa dimensión lo que está representando el poder fáctico que tiene el control de los espacios públicos.

Es la población que se empieza a organizar la que tiene el mejor diagnóstico de la inseguridad, la que mejor ubica los focos rojos y la que mejor interpreta la radiografía del crimen organizado, llegando a descubrir los tejidos contaminados que se extienden a las instituciones de seguridad y procuración de justicia. El gran problema es que la autoridad se resiste a tener un diálogo profundo y abierto con la sociedad. Se niega a asumir de manera autocrítica sus graves deficiencias y sobre todo los pactos diabólicos que ha firmado con grupos económicos y políticos de dudosa procedencia. La falta de transparencia de sus actos en la lucha por el poder, le quita fuerza y legitimidad y por eso hay reticencias para tocar fondo y acabar con la red de complicidades que se han tejido dentro de las estructuras gubernamentales.

Para los guerrerenses es muy evidente que en los aparatos de seguridad y de justicia se encuentra instalada y extendida la práctica de la corrupción. Al interior de estas instituciones se respira un ambiente que propicia y tolera esta forma perversa de lucrar con el poder. Desconocemos casos de funcionarios que sean sancionados por tolerar y promover la corrupción, estamos lejos aún de contar con instituciones sostenidas con sistemas de control interno, transparentes y dispuestas a rendir cuentas a la ciudadanía.

De nada sirven las acciones emprendidas por el gobierno si no atiende en primer término la depuración de sus instituciones, si no asume una política de Estado donde los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas sean el eje transversal de las políticas de seguridad y justicia. Las autoridades no deben perder de vista que el centro de todas las acciones por la seguridad y la justicia es el ser humano que siente y que sufre las consecuencias de un régimen que propicia la impunidad, que usa la fuerza para contener el movimiento social y desatiende los problemas más urgentes de una sociedad en vilo.

La gente ha perdido la confianza en las autoridades, pues éstas ni ven ni escuchan los clamores de quienes son víctimas del crimen organizado. Sólo ante delitos consumados asumen posturas reactivas pero no con el fin de enfrentar con decisión esta situación, sino para maquillar la realidad y controlar los daños, para revertir en el discurso el caos que se vive en las diferentes regiones. Se busca amordazar a la misma sociedad para que no se manifieste y para minimizar y aislar una problemática generalizada.

La reticencia de los maestros de regresar a clases, condensa un problema muy grave y complejo que es trasversal a toda la sociedad, porque lo que ellos enfrentan en el día a día no es ajeno a lo que están padeciendo los médicos, las enfermeras, los empresarios, los comerciantes, los transportistas, los estudiantes, los colonos, las familias del campo y la ciudad. Por esto mismo existe un gran desafío para el gobierno que lo obliga a asumir con mucha responsabilidad la necesidad de un cambio de paradigma en el diseño de las políticas públicas de seguridad y justicia, pero más aún en la forma de establecer condiciones de desarrollo desde la perspectiva ciudadana y de los pueblos, es decir, se tiene que privilegiar un régimen constitucional de respeto a los derechos humanos. El mismo diseño de estas políticas debe estar orientado a la seguridad humana para garantizar un verdadero desarrollo en condiciones de igualdad social.

Por su parte la autoridad civil debe asumir la responsabilidad social de cumplir con los fines de la seguridad y la justicia, y por lo mismo la participación del Ejército debe ser excepcional y restringida y en todo caso debe estar sujeta a controles que garanticen el régimen constitucional de los derechos humanos. Ya no se puede pensar en la implementación de políticas sectoriales y fragmentadas, el gran reto es implementar un modelo integral de la política pública donde el tema de la seguridad y justicia, sea parte fundamental de una política de Estado que sea corresponsable con todos los actores sociales. No habrá un gobierno democrático en Guerrero si no promueve e impulsa la transparencia y la rendición de cuentas entre los diversos sectores implicados en la política de seguridad y justicia.  A contrapelo de lo que piensan muchos que gozan de los privilegios del poder, estas instituciones sólo serán fuertes en la medida en que transparenten sus acciones, de lo contrario nunca contarán con el apoyo ni la confianza de la ciudadanía, y a pesar del poder y la fuerza que ostentan serán débiles y sumamente vulnerables.

Nuestro estado, que está conformado por una población mayoritariamente joven, no puede permitir que este gobierno ejerza políticas de exclusión contra quienes forman parte del porvenir. Las autoridades deben de definir claramente una política para la juventud, deben de ser concientes de que los jóvenes no representan peligro alguno, sino que más bien son ellos y ellas quienes están en peligro ante la negativa del gobierno para garantizarles el acceso a las instituciones superiores de educación y para encontrar un empleo seguro. Las y los jóvenes padecen la violencia del Estado por la discriminación y la exclusión que se ejerce contra ellos. Es inconcebible que se deje en total indefensión a los estudiantes que llevan cerca de 50 días en huelga de hambre en el Zócalo de Acapulco, y que se permita que las autoridades educativas desangren su vida y violenten un derecho fundamental. Esta violencia institucional es la que ha causado estragos a la juventud guerrerense y por eso no es casual que un buen número de jóvenes enfrenten problemas relacionados con la drogadicción y se conviertan en presa fácil del crimen organizado.

En Guerrero las autoridades educativas hacen lo contrario a lo acordado en la Convención Nacional de Seguridad Pública, donde los gobernadores se comprometieron a iniciar una campaña nacional para insertar masivamente a las y los jóvenes en los espacios educativos y laborales. Ni educación ni trabajo ofrece el gobierno de Guerrero a los jóvenes, por el contrario violenta sus derechos y los deja sufrir a la intemperie como sucede con los estudiantes que se encuentran en huelga de hambre.  No es casual que en Acapulco se sintetice esta grave realidad: jóvenes luchando por una educación acorde a sus expectativas, jóvenes excluidos que son víctimas de la violencia criminal, y niños que sufren los estragos de la inseguridad y que ponen en riesgo su vida por ir a la escuela.

¿Cómo revertir los estragos sociales que padece nuestro estado si los gobiernos carecen de políticas para la juventud, los excluyen de los beneficios sociales y violentan sus derechos?

¿Cuál es el rumbo que quiere seguir este gobierno cuando desatiende los planteamientos legítimos de los estudiantes, los normalistas, los jóvenes indígenas y campesinos que luchan para ser parte activa y creativa en el desarrollo de nuestro estado?

Sin una política para la juventud que incorpore la perspectiva de género, los gobiernos seguirán siendo cómplices de la violencia contra las mujeres y seguirán zanjando la desigualdad que se remarca contra ellas en todos los ámbitos de la vida social y política. La juventud indígena sigue siendo invisible, sigue sin existir, y a pesar de ello, lucha y se organizan para acabar con la discriminación y el abandono. Se niegan a vivir como parias y a aceptar las políticas etnocidas que violentan sus identidades y le niega a sus pueblos a ejercer el derecho a su libre autodeterminación.

Urge reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que nos tiene sometidos, las autoridades tienen que dar un giro a las estrategias de seguridad y centrarse en la prevención del delito, en el abatimiento de la impunidad, en la reducción del número de muertes, en la prevención de la integridad de las personas y en la defensa de sus derechos humanos. De lo contrario seguirá siendo un gobierno Ni-ni.

Represión a Tlachinollan y a Abel Barrera

LA CARA REPRESIVA

Se dio a conocer recientemente que el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el abogado de ese mismo centro, Vidulfo Rosales Sierra, tienen iniciadas sendas averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia de la entidad, sin que hasta el momento se conozcan las razones ni los hechos que se les imputan.

Pero Abel Barrera no es cualquier personaje. Es el guerrerense que mayor trascendencia internacional ha tenido en la defensa de los derechos humanos, de manera particular aunque no únicamente, en la zona indígena de La Montaña. Barrera y Rosales pertenecen a su vez a la ONG que mayor trascendencia ha tenido en los últimos años; su participación en temas como la defensa legal de opositores a la presa La Parota; de los integrantes de la OPIM encarcelados; de las indígenas de Ayutla violadas por militares, entre otros, ha cambiado el rumbo que tenían esos procesos y ha obligado al instituciones como El Ejército, y el Ejecutivo estatal a contener sus acciones.

La indagatoria en su contra es notable porque ocurre cuando Guerrero tiene un gobierno impulsado por la izquierda y cuyo titular se reclama izquierdista, aunque provenga del PRI, partido en el que militó 30 años. Y se suma a la reciente captura del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui.

Lo que ya no encaja muy bien es la revisión al pasado. Durante el primer período en que Aguirre gobernó Guerrero, hubo una selectiva y sistemática persecución a líderes sociales. El entonces diputado local Ranferi Hernández Acevedo tuvo que exiliarse en Francia; Bertoldo Martínez Cruz, del FODEG y Benigno Guzmán Martínez, de la OCSS, fueron encarcelados; Gregorio Alfonso Alvarado López, del Movimiento 500 Años de Resistencia Indígena, fue desaparecido y hasta la vez se ignora su paradero; y Abel Bueno León, periodista, fue asesinado y quemado vivo. Durante ese período ocurrió la matanza de El Charco, y devino la secuela de persecución a indígenas de Ayutla, que aún no concluye; y se aplicó esterilización forzada a indígenas de El Camalote.

Es curioso, parece que el gobierno tuviera dos manos: una que soba con la izquierda, y otra que golpea duro con la derecha.

Fuente: La Jornada Guerrero

¿Cómo sembrar la paz?

Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

Obnubilados por los estragos de la violencia y presas del miedo que nos impide ver el horizonte con esperanza, los ciudadanos y ciudadanas corremos el riesgo de caer en la tentación del catastrofismo paralizante que nos hace sentir como seres predestinados a vivir en la penumbra y bajo la zozobra.

La realidad n|os desborda, inunda de terror nuestras vidas, nos ahoga en la tristeza y la desesperación y nos impide construir caminos donde impere la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica.

En nuestra sociedad parece que ya no hay espacio para la tranquilidad ni para el esparcimiento. Se nos ha secuestrado la creatividad y la fuerza para vivir con alegría y esperanza. La debacle del sistema económico basado en la rapiña nos ha devastado porque ha precarizado nuestra vida y ha transformado la corrupción como puntal para el florecimiento de las empresas del crimen.

Los políticos se encargaron de erosionar a las instituciones creadas para proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la población. Los gobiernos se olvidaron de los ciudadanos y ciudadanas; se embelesaron con el poder del dinero; se ofuscaron con los reflectores hechizos de su narcisismo enfermizo. Se desentendieron de sus obligaciones constitucionales, tiraron por la borda lo más preciado y sagrado del ser humano como la vida, la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales. Dilapidaron el capital político forjado por las generaciones pasadas. Menospreciaron los esfuerzos de hombres y mujeres que sacrificaron su vida para romper con las estructuras autoritarias de un sistema antidemocrático. Deshonraron la memoria de los caídos, hicieron de la gesta revolucionaria, una historia domesticada con héroes míticos que sólo generan alta rentabilidad política.

No hay representante popular o funcionario público que no se remita a los mismos acontecimientos históricos para reivindicarse como fiel heredero del legado revolucionario. Cualquier político tiene la desfachatez para hablar a su propia conveniencia de las enseñanzas revolucionarias, de quienes al calor de la lucha lograron conquistas históricas en favor de los más desprotegidos y explotados.

Esta traición de los gobernantes hacia los grandes ideales y anhelos de una sociedad que busca la justicia y el bienestar, fue el inicio del quebranto social; de la ruptura que protagonizó la clase política con la sociedad civil; del distanciamiento que provocó la implantación de políticas públicas diseñadas para favorecer la acumulación capitalista, legalizando el despojo y la rapiña.

Estas políticas rupturistas fueron dejando en total indefensión a los sectores medios y a la población mayoritariamente depauperada. Las nuevas generaciones de tecnócratas formados en los centros del poder global asumieron el triste papel de vende patrias. Su mayor orgullo es haber estudiando en las universidades del primer mundo y ostentar el título de doctores, asumiendo con ello poses mesiánicas.

Esta falacia del poder imperial y del saber colonizador ha devenido en una tragedia nacional. La tecnocracia se transformó en la mafia que de manera criminal firmó tratados comerciales para legalizar la entrada de las empresas extranjeras y darles carta de naturalización para extraer toda la riqueza de nuestro país. La nueva clase gobernante transmutó el legado revolucionario, que tenía a los campesinos e indígenas como sus hijos privilegiados, en parias del capital transnacional. Los políticos tecnócratas asumieron el rol de los nuevos doctrinarios del neoliberalismo social; del libre comercio; de la reconversión productiva; del ajuste estructural; de las políticas privatizadoras en el campo y del adelgazamiento del Estado benefactor.

El desmantelamiento de una nación forjada en el fragor de una lucha revolucionaria, donde la fuerza radicaba en el movimiento campesino e indígena y cuyas aspiraciones quedaron condensadas en la constitución de 1917, se resquebrajó después de un siglo de grandes revueltas por la democracia y la justicia social.

Los gobiernos se desentendieron de sus obligaciones y compromisos con la gente del campo. Los derechos económicos, sociales y culturales dejaron de ser parte de la agenda primordial de los políticos. Los sectores sociales ya no representaron las fuerzas vivas del régimen y el discurso nacionalista dejó de ser el recurso retórico de la nueva tecnocracia empresarial.

Todo se desmoronó y erosionó, por eso los ciudadanos y ciudadanas luchan a contrapelo de este entramado burocrático para hacer valer sus derechos. Ante la falta de legitimidad de estos gobiernos neoliberales, la utilización del Ejército ha sido clave para la estrategia de contrainsurgencia y para la contención del movimiento social. Las mismas corporaciones policiacas están siendo capacitadas para proteger al aparato gubernamental en detrimento de la seguridad ciudadana.

Esta brecha entre el gobierno y la sociedad, dejó grandes grietas que han sido copadas por el crimen organizado. Los vacíos de poder fueron aprovechados no sólo por los grupos caciquiles sino por los poderes fácticos que tienen la capacidad de controlar territorios e imponer su ley.

El gobierno no sólo se desentendió de las obligaciones fundamentales para garantizar educación, salud, vivienda, alimentación y empleo, sino que de manera irresponsable permitió que las instituciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia, se transformaran en cotos de poder para algunos grupos políticos, que vieron en estas instancias una minita de oro, que les dio cabida a las redes del crimen organizado.

Esta telaraña de intereses dio al traste con las aspiraciones legítimas de la población para alcanzar justicia y obtener seguridad. Los aparatos de seguridad y justicia han crecido sin controles, reproduciendo patrones de discriminación, consintiendo a más no poder la corrupción y cometiendo graves violaciones a los derechos humanos entre la población más vulnerable.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno se han desentendido de las políticas de prevención del delito. Es imposible convencerlos de que los gastos en educación, salud, empleo, entre otros, son por sí mismos una inversión en la prevención. Esto refleja el desconocimiento de los métodos necesarios para lograr que desde esos ámbitos se abone a la construcción de comunidades seguras.

No hay autoridad que no hable de prevención y casi siempre se lo endilga a la sociedad, de que los padres participen en la educación de sus hijos. El gobierno del Estado, en los hechos, no destina recursos económicos para la prevención, y su estrategia de seguridad siempre está centrada en la intervención militar y policiaca. Esto es producto del menosprecio del potencial de la prevención como estrategia eficaz para construir comunidades seguras. En nuestra entidad, las autoridades hacen totalmente lo contrario a la tendencia internacional dominante.

Hoy nuestro país está irreconocible por las más de 50 mil víctimas de la guerra contra el narcotráfico, por la falta de una estrategia integral que tenga como premisa básica la prevención y que contemple la atención y solución real a la problemática de la violencia y la inseguridad, en el corto, mediano y largo plazo.

Lamentablemente seguimos padeciendo la incapacidad probada de las fuerzas de seguridad que no han logrado ganarse la confianza de la ciudadanía. La desconfianza recíproca produce más desconfianza y el Estado no ha sabido romper este círculo vicioso.

Lo que sucede en nuestro estado es que las autoridades han optado por actuar sin contar con la validación de la legitimidad ciudadana y esto propicia una mayor confrontación estéril.

Todos nos sentimos indignados por lo que estamos viviendo, todos y todas reprobamos las pérdidas de vidas inocentes, pero lamentablemente seguimos viendo que las autoridades no se inmutan, ni se sienten interpeladas. No hacen esfuerzos por hacer cambios de fondo, por asumir parte de su responsabilidad y por dar golpes de timón orientados a ganar la confianza de la ciudadanía.

Ninguna autoridad cambia de estrategia, siguen siendo los apologetas del uso de la fuerza como única medida para contener la violencia. Seguimos cultivando la cultura de la beligerancia, de la confrontación y del despliegue aparatoso de las fuerzas represivas del Estado que contribuyen a causar más terror y desconfianza entre la población.

Ante esta vorágine que nos arrastra hacia la exasperación y nos deja totalmente inermes, tenemos que trabajar para construir la paz con justicia y dignidad, como lo está haciendo el movimiento de víctimas que encabeza el poeta Javier Sicilia.

Este desafío obliga a que las autoridades rectifiquen su estrategia, se abran al diálogo y escuchen el clamor de la gente. Lo más importante es garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Trabajar en la transformación de las condiciones oprobiosas en que se encuentra sumida la población. La seguridad no puede estar desconectada de la justicia social, del desarrollo con equidad; de la generación de políticas incluyentes que reviertan la desigualdad social y aseguren la participación de la sociedad en la toma de decisiones.

Actualmente los gobernantes deben entender que sus acciones pierden relevancia y sentido si no se abocan a atender y resolver las necesidades que más lastiman a las y los guerrerenses. Ya no se puede seguir simulando con poses mediáticas, mucho menos trivializar el problema de la inseguridad, como es el caso de los maestros y maestras de Acapulco.

Ya es tiempo de que los gobernantes se bajen de su pedestal para dedicarle tiempo a lo que la gente demanda. Es imprescindible que en estos momentos de desamparo, las autoridades estén del lado de las víctimas de la violencia; que demuestren apoyo y  compromiso, sensibilidad, atención y respeto a su dolor. Las autoridades tienen que concentrarse en trabajar por la paz, tienen que preparar el terreno para sembrar la paz. Sin su ejemplo, ¿cómo sembraremos la paz en Guerrero?