Archivo del sitio

Exigen ocho síndicos que desaparezcan las policías comunitarias y que se libere a su par de Olinalá

Ocho síndicos de municipios de La Montaña pidieron la presentación inmediata de su homólogo de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, que está retenido por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), acusado de borrar evidencias de dos homicidios y de abigeo.
A su vez, exigieron, “la desarticulación total los grupos subversivos llámese CRAC, autodefensas o Sistema de Seguridad Ciudadano que se encuentran fuera de todo marco legal”.
En una rápida conferencia realizada en el pasillo del Ayuntamiento de esta ciudad, en donde no participó ninguna autoridad de la administración petista, Javier Vázquez Ayala, quien se presentó como vocero del grupo de síndicos que se formó en la región para el mejor desempeño de sus funciones leyó el documento que enviarán al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y posteriormente al presidente, Enrique Peña Nieto.
En el documento dicen que son ciudadanos indígenas y que en su calidad de síndicos de diversos municipios exponían su desacuerdo en los acontecimientos del miércoles 14 de agosto cuando su homólogo fue “vejado, injuriado, atentado en sus derechos humanos elementales y privado de su libertad en la modalidad de secuestro por individuos que se dicen ser defensores de los pueblos”.
En ese sentido exigieron la presentación inmediata, con vida y capacidades intactas de Patrón Jiménez y que se reinstale en las funciones para lo que fue electo de forma legal y constitucional. Piden el restablecimiento del Estado de derecho.
En la misiva exigen, “la desarticulación total de los grupos subversivos llámese CRAC, autodefensas o Sistemas de Seguridad Ciudadanos que se encuentran fuera del marco legal, ya que como indígenas no les han otorgado facultades para que los cuiden y lo único que han hecho es trastocar el Estado de derecho sin que el gobierno estatal haga cumplir la ley”.
Piden que se aplique la ley “caiga quien caiga” por la privación de la libertad del síndico de Olinalá y que responsabilizaban al gobierno de lo que les pase por haber suscrito el Lee el resto de esta entrada

Anuncios

Reyertas políticas ajenas al sufrimiento de los pueblos

Cochoapa. Olvidados

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Mientras la clase política guerrerense dilapida recursos públicos y se da con todo, con tal de arañar una candidatura para seguir lucrando con las prebendas de un poder impúdico, los pueblos indígenas se debaten por la sobrevivencia ante las políticas devastadoras de estos gobiernos que ya no representan ninguna opción que encauce hacia un nuevo proceso civilizatorio el rumbo que requiere nuestros país.

Estos pueblos heroicos también se han visto obligados a hacerle frente a la misma naturaleza que se ha ensañado contra los más pobres de la Costa – Montaña. Las grietas de la injusticia se ensanchan y ahondan más en estas montañas que padecen sucumbir ante la acción perversa y depredadora de los políticos vende patrias, que ahora compran las candidaturas a las mafias que se ha enquistado dentro de los partidos políticos. Hemos llegado al extremo de pensar que estos partidos funcionan no sólo como agencias de colocación, sino como casinos y prostíbulos, porque nadie puede entrar a estos espacios si no paga derecho de admisión y cualquier servicio que se quiere pedir tiene un precio muy alto. La máxima es ¡que al cliente lo que pida!, por eso no es de extrañarse que los que fueron palomeados como candidatos para esta contienda electoral sean los menos idóneos, pero eso no importa porque, la clave está en que hayan desembolsado una buena cantidad de dinero o que pertenezcan a las mismas mafias que toman las decisiones políticas en el estado, porque ahora resulta que la democracia funciona como la rueda de la fortuna o como la tienda de los remates. Lo que testificamos los ciudadanos con mucha rabia fue el manoseo y la perversidad de quienes tienen los hilos del poder en el estado y que sin ningún rubor actúan para imponer sus caprichos, comportándose de forma soberbia como si fueran los dueños de las grandes subastadoras del poder.

Por este tipo de políticos que siguen proliferando en nuestro estado seguimos sin salir del fango por todo el cochinero que han hecho con la selección de candidaturas. En el escenario estatal, los ciudadanos y ciudadanas no vemos dentro de los partidos políticos a personajes que tengan prestigio personal y profesional, que se atisbe en su trayectoria alguna acción de trascendencia en beneficio de la sociedad, o que gocen de prestigio público por su calidad moral y por su honestidad probada.

A los políticos que hemos tenido que padecer y soportar durante varios sexenios, a los que hemos tolerado todos sus caprichos, de querer ocupar los cargos que más les place, de verlos como personajes de un circo en el que actúan como pésimos trapecistas, de tener que celebrar sus berrinches como si se tratara de hijos consentidos a quienes no se les pude negar nada. Todas estas pantomimas no son otra cosa que las acciones truculentas de políticos que ha perdido principios y valores y que ahora son capaces de todo: de pertenecer a un partido político durante un trienio o sexenio, para que al siguiente puedan estar ocupando otro cargo llevando la estafeta de otro partido. Los que no tienen estar fortuna logran negociar cargos de segundo nivel en varios municipios para tener el control de ciertos espacios que les permita recuperar su dinero invertido y hacerse de una candidatura para el próximo periodo electoral. Estas prácticas no son exclusivas de un solo partido, más bien, son vicios que se han incrustado entre todos los partidos y que forman parte de su identidad deteriorada. Por eso mismo los que ya fueron gobernadores y que defraudaron al pueblo sin ninguna preocupación y más bien con total cinismo, se sientan con las cúpulas partidistas para negociar sus propias candidaturas, saben que están protegidos, que ningún político les podrá pedir cuentas porque entre gitanos no se leen las manos. Entre ellos se conocen muy bien y saben de qué pie cojean, y cuál es su lado débil. Todos ellos se han hecho famosos no por las grandes obras que han construido en el estado, sino por los grandes negocios que han hecho, bajo la sombra del poder, por su perversidad y corrupción, por su despotismo e intolerancia, por sus actos represivos y cobardes, por sus tratos discriminatorios contra los más pobres y por lucrar con el hambre de los olvidados.

Esta generación de políticos amenaza con prolongar su estirpe en estos tiempos donde impera la ley del mercado y donde todas las relaciones personales y de grupo están cruzadas por intereses económicos. Estamos amenazados por esta clase política que todo lo quiere comprar y vender porque se asumen como dueños y señores del Estado entendido como una empresa familiar que manejan como si fuese un patrimonio que heredaron.

Queda claro que las decisiones que están tomando las cúpulas partidistas tienen como único fin consolidarse por lo menos de una década más dentro de las estructuras del Estado para seguir usurpando el poder arrebatándoles a los pueblos la oportunidad de participar en la toma de decisiones y a compartir los beneficios que genera y produce la clase trabajadora de nuestro país. Las familias encumbradas del Estado ya se frotan las manos porque lograron imponer a sus candidatos y cada una de ellas avizora un porvenir promisorio para sus vástagos a quienes ya los miran gobernando el estado. Ellos no tienen la capacidad para entender y ponderar la delicada situación que vive el estado de Guerrero, no les preocupa que la situación social sea desbordante y explosiva, mucho menos pulsan el malestar de una sociedad que está al límite de tanto agravio y tanto abuso por parte de quienes no han sabido gobernar obedeciendo el mandato de un pueblo sumido en la miseria.

En el inicio de las campañas electorales nos invadirán los mensajes vacuos y superficiales de los candidatos y candidatas. Los millones de pesos asignados a los partidos políticos por parte de los institutos electorales se dilapidarán en espectaculares para anunciar a los políticos que no tienen ni una propuesta seria para revertir el proceso de empobrecimiento y deterioro de la vida pública, pero en cambio si tienen ese instinto de poder para satisfacer sus ambiciones personales. Permea la mediocridad entre quienes se disputan los cargos públicos y que sólo le apuestan a la compra de votos y al uso facciosos de los recursos públicos. Esta turbiedad electorera es un preludio del ahondamiento de la crisis política que arrastramos desde hace más de dos décadas. Tendremos más de lo mismo con un agravamiento mayor porque los ciudadanos y ciudadanas no nos sentimos representados por los candidatos y candidatas que pululan en el estado y en el país. Llegarán a las comunidades y a los municipios con su aparato de seguridad y con sus grupos de asesores, hurgando siempre la idea de cómo impactar mejor con mensajes engañosos y prometer cosas que no están ancladas en los legítimos reclamos de la población. Sus recorridos serán siempre fugaces buscando únicamente un efecto mediático, disfrazándose como siempre con los atuendos de las indígenas y los campesinos, haciendo creer que con estas vestimentas es suficiente para que las y los candidatos se ganen la confianza de la ciudadanía. Entrarán en operación los lideres y los representantes de organizaciones corporativizadas para acarrear a la gente que ante su precaria situación es fácilmente manipulable para hacerle el caldo gordo a los partidos políticos, que están urgidos de clientelas políticas acríticas.

Contrastando esta vorágine electorera en la que se han enfrascado los partidos políticos para definir sus candidaturas, en la semana pasada, aprovechando los días de descanso con motivo de la semana santa, como Tlachinollan tuvimos nuevamente la honrosa visita de una delegación del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, encabezada por la señora Kerry Kennedy, quienes estuvieron en varias comunidades de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, para escuchar la voz de las víctimas y de la población que luchan por defender sus derechos en las condiciones más adversas. Las y los integrantes de la delegación, que son personalidades que gozan de alto prestigio en el ámbito académico periodístico y los Derechos Humanos en los Estados Unidos, conocieron en los filos de la Montaña la entraña de este mundo hostil, el estigma secular de la indianidad, y las condiciones socioeconómicas que denigran la vida de los pueblos originarios de Guerrero. La señora Kennedy, su hija y sus amigos, vieron la realidad lacerante, escucharon en las lenguas originarias a la gente, palparon la pobreza y sintieron en sus corazones una indignación que los funcionarios del gobierno son incapaces de sentir y de experimentar.

En Tlapa, la delegación del Centro Kennedy se entrevistó con los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua ejecutado extrajudicialmente en junio de 2009 por soldados del Ejército Mexicano, y oyeron de ellos la valiente lucha que han emprendido para exigir justicia en una instancia competente e imparcial del fuero civil, que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde la Ministra Olga Sánchez Cordero deberá analizar el caso en breve.

También acudieron a la comunidad Nasavi de Nuevo Zaragoza, municipio de Alcozauca, que se asienta en las faldas del cerro 15, donde estuvo atrincherado varios años el General Vicente Guerrero. En voz del Comisario, de las y los habitantes, escucharon la historia de este pueblo que en medio de la más profunda marginación tuvo que ser reubicado por los deslaves que ponían en riesgo las vidas de los habitantes. Esta situación devino ahora en una disputa agraria que ha causado amenazas, detenciones y hostigamiento policíaco, lo que fue informado a la delegación.

En Ayutla de los Libres, donde se gestó un movimiento histórico que acuño el Plan de Ayutla para derrocar la dictadura de López de Santana y crear las condiciones para emprender un proceso de transformación social que culminó con la revolución de 1910, la comisión escuchó a Margarita de las Nieves, viuda de Manuel Ponce Rosas, quien junto con Raúl Lucas Lucía fue desaparecido y ejecutado extrajudicialmente en febrero de 2009. Ante la impunidad prevaleciente frente a los crímenes cometidos contra ambos defensores de derechos humanos, la delegación del Centro RFK escuchó el clamor por la justicia que no llega a los indígenas Ayutla.

Fue también en este municipio donde Kerry Kennedy, sus amigos y sus familiares, se reencontraron con Maximino García Catarino, defensor del pueblo mixteco que fue detenido bajo un falso cargo en enero de este año, para ser liberado dos meses más tarde, luego de que en la apelación su defensa mostrara las inconsistencias del auto de formal prisión dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende. La delegación acompañó a Maximino García Catarino en su regreso a la comunidad, sumándose a la exigencia de que los defensores de derechos humanos del pueblo mixteco dejen de ser hostigados judicialmente y expresando su solidaridad con su lucha, comprometiéndose a plantear esta delicada situación ante las autoridades federales, para cese la criminalización a su movimiento.

Por otro lado, la misión de observación recibió también información sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 12 de diciembre de 2011, así como los riesgos que se han cernido sobre víctimas y defensores que alzaron su voz contra lo ocurrido en esa infausta fecha.

A lo largo de las actividades en Guerrero de Kerry Kennedy y sus colegas, fue notorio y aleccionador para quienes la acompañamos su sencillez y su profunda capacidad de escucha, expresión de una mujer de corazón cálido y justo que se indigna ante las abusos y aberraciones del poder. El modo en que ella tuvo disposición para trasladarse por los caminos agrestes y sentarse para escuchar la voz de las víctimas, contrasta con el desdén secular de las autoridades que se incomodan al ser interpeladas por el clamor de las y los excluidos. Más aun, la defensora estuvo acompañada durante su visita por su hija, gesto que revela el grado de congruencia de quien sabe que en la brega hacia la transformación de las estructuras injustas se debe empezar por el entorno más próximo y entrañable: el de la familia y los amigos, con quienes se comparte vida y corazón, priorizando el involucramiento en la lucha por la justicia de las y los más jóvenes.

El encuentro de la delegación del Centro Kennedy con los pueblos indígenas expresa el compromiso, la solidaridad, el testimonio y la conversión hacia los que verdaderamente son los que portan un mensaje de esperanza y transformación de las condiciones de opresión. La visita de Kerry Kennedy nos recuerda que en todo vía crucis hay también manos tendidas y solidarias que prefiguran la luz que resplandecerá cuando la muerte y la injusticia sean vencidas.

El Sur

“Usted disculpe”, dice gobierno a indígena violada por militares hace nueve años

MÉXICO, D.F. (apro).- Con un año y cuatro meses de retraso, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en representación del Estado mexicano, ofreció una disculpa pública a la indígena guerrerense Valentina Rosendo Cantú, en un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de sus derechos humanos, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

 

Poiré Romero fue el portavoz de la disculpa pública que el Estado mexicano ofreció a Rosendo Cantú, aunque evitó mencionar que la indígena tlapaneca (me pháa) fue violada y torturada sexualmente por una turba de militares en febrero de 2002, cuando se encontraba lavando en un río cercano a su comunidad, Caxitepec, municipio de Acatepec, en La Montaña de Guerrero.

 

La sentencia fue emitida por la Coidh el 30 de agosto de 2010.

 

En el museo de la Memoria y la Tolerancia, en el Centro Histórico, el discurso de Poiré estuvo precedido por el de Valentina Rosendo, así como de las procuradoras general de la República, Marisela Morales, y de Atención a Víctimas del Delito, Sara Irene Herrerías, y del secretario general de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, además del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández.

 

Vestida de blusa blanca, falda negra bordada, abrigada con un reboso blanco y calzada con huaraches, Valentina Rosendo, acompañada de su hija Yenis Bernardino y su madre, María Cantú, hizo una relatoría de sus casi diez años de sufrimiento no sólo por la agresión de los militares, sino por las consecuencias que le acarreó denunciar a miembros de las fuerzas armadas, entre ellas tener que abandonar su tierra y vivir a salto de mata ante las constantes amenazas de muerte.

 

“Por no quedarme callada he tenido consecuencias graves: después de denunciar comenzaron a subir militares a mi comunidad; rodeaban mi casa exigiéndome que señalara a los que me agredieron. El presidente municipal de Acatepec fue a la comunidad a decir que dejara de señalar al Ejército y le advirtió a la comunidad que si no lo hacía, ya no les iban a dar apoyos para obras y servicios”, recordó Valentina en un discurso entrecortado por sus lágrimas.

 

Valentina confió en que el acto de desagravio impulse más denuncias de mujeres, como ella, víctimas de violaciones sexuales cometidas por militares, e hizo un reconocimiento a las organizaciones sociales que la acompañaron durante su lucha, “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI). “Gracias a ellas estoy con vida y confiaron en mí”, reconoció.

 

Al final, ella y su hija Yenis sellaron su cariño y la larga lucha de ambas en un abrazo colmado de lágrimas, al que se unieron su madre, María, y Abel Barrera, su fiel defensor, quien en su discurso se comprometió a defender su derecho a la justicia y a la seguridad.

 

Después del acto conmovedor, y para cerrar la ceremonia, Alejandro Poiré tomó la palabra, aparentemente conmovido por la escena previa.

 

En por lo menos dos ocasiones, Poiré expresó la disculpa en nombre del Estado mexicano, pero acotó que los hechos ocurridos en 2002 y la impunidad del caso, no es un asunto generalizado en el gobierno de Calderón.

 

“Es evidente que esos casos aislados no representan de modo alguno la política del Estado mexicano, orientada en todo momento por la promoción respeto, protección y garantía de los derechos humanos”, puntualizó Poiré.

 

El secretario de Gobernación reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por “la violación a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada a las garantías judiciales a la protección judicial, a la garantía de acceso a la justicia sin discriminación y a los derechos de las niñas y niños, derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención Interamericana para Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, de acuerdo con la sentencia de la CoIDH.

 

Sin referirse qué tipo de servidores públicos violaron los derechos de Valentina cuando era menor de edad, Poiré resaltó que los hechos “deben ser investigados, sancionados y reparados íntegramente por el Estado mexicano”.

 

El funcionario señaló que en cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, la investigación de los hechos está en la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), “y no en el fuero militar”.

 

En un acto celebrado en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, en el Centro Histórico, Poiré también dijo que la Procuraduría de Justicia de Guerrero investiga a los funcionarios que obstaculizaron el acceso de Valentina a la justicia. Además, dejó en claro que ya se cubrieron las indemnizaciones; que se otorgaron becas a la víctima y a su hija Yenis, también beneficiada de la sentencia.

 

Sobre las acciones de fondo, Poiré aseguró que el 9 de diciembre Felipe Calderón le instruyó ponerse en contacto con los legisladores para que la iniciativa de reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, cumpla con las especificaciones ordenadas por la CoIDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sostuvo que en la reunión de procuradores de noviembre pasado se aprobó un protocolo para atender a mujeres víctimas de violencia sexual.

 

Para concluir, Poiré se dirigió a la víctima que litigó su caso en la Corte Interamericana:

 

“Estimada Valentina, ejemplar Valentina: Hace casi una década el Estado no la protegió ni le procuró justicia; hoy el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia, este acto público es prenda de esa convicción y, a sabiendas de que parte de su sufrimiento es irreparable, deseamos que para usted y la pequeña Yenis y todos su familiares, que este acto simbólico se traduzca en una mínima restitución de justicia y que sirva para la reconstrucción de su proyecto de vida. Una vez más, una disculpa”.