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Pide perdón el Estado mexicano a indígena que fue violada por militares

El secretario de Gobernación Alejandro Poiré se dirige a Inés Fernández quien es asistida para la traducción por la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, en el acto de ayer en Ayutla * Foto: Lenin Ocampo Torres

Después de 10 años en busca de justicia, por la violación sexual que sufrió por soldados del Ejército, el Estado mexicano pidió perdón ayer aquí a la indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega, quien incrédula por los tantos engaños de que también ha sido víctima, en un discurso lleno todavía de rencor, se había anticipado con una advertencia que manifestó ante más de 500 asistentes, “aunque tengan las autoridades aquí, a su lado, yo sé que no van a cumplir”.

“Señora Inés Fernández Ortega, a usted, a su esposo Prisciliano Sierra, y a sus hijos, en mi carácter de secretario de Gobernación y en nombre del Estado mexicano le ofrezco las más sinceras disculpas”, diría después el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, ante una Inés Fernández Ortega seria y con los ojos aún enrojecidos, porque aunque durante su discurso se mantuvo incólume, al terminar, ya cuando había entregado el micrófono, al escuchar los “Inés, Inés, Inés… que la alentaban desde el público”, se quebró y rompió disimuladamente en llanto.

El Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Institucional en el caso de Inés Fernández Ortega, que es el reconocimiento del gobierno mexicano de que la indígena fue violada por soldados del Ejército y el pedimento del perdón, es apenas una de las resoluciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso de la indígena me´phaa que en el 2002 fue violada sexualmente por los soldados en su casa de la comunidad de Barranca Tecoani.

A dicho acto asistió también la procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez; el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Rafael Cazares Ayala; el gobernador Ángel Aguirre Rivero; el presidente municipal, Armando García Rendón, así como funcionarios del área de seguridad y justicia de los gobiernos federal y estatal.

Fueron testigos también representantes de organismos civiles de derechos humanos nacionales y extranjeros, así como dirigentes de agrupaciones locales.

Estuvieron los integrantes de la delegación del Consejo General de la Abogacía Española, que se encuentra en Guerrero desde el domingo pasado, asimismo, asistió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, Así como representantes de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias (CRAC), del Consejo de Ejidos Opositoras a la Parota (Cecop), del Consejo de Autoridades de Tecoanapa, de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).

Durante el acto, estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa mostraron de entre los asistentes pancartas que expresaban consignas como: “Aguirre asesino de estudiantes. ¿Justicia!!!. “Juicio político”, “no + sangre”, mismos que cambiaron el semblante del gobernador que llegó acompañado del secretario de Gobernación y del resto de los funcionarios federales y estatales al presídium.

La protesta de los estudiantes que se encontraban desplegados por diferentes puntos de la explanada repleta de gente, trató de ser mediatizada después por otra pancarta que se coló del lado izquierdo del presídium, en la que se leía: “Señor gobernador Las Vigas le agradece por el Bulevar”.

El acto comenzó con las palabras de bienvenida del presidente municipal Armando García Rendón, quien celebró la presencia en su municipio de “grandes personalidades”.

Posteriormente, a nombre de la Organización del Pueblo Indígena Me phaa, Jazmín Ramírez Carvajal dijo que casos como el de Inés ocurren en Guerrero “porque vivimos una sociedad donde a la mujer se le trata como un objeto “, y dijo que este acto sirve para rendir un homenaje a todas las mujeres que han luchado por una sociedad más justa”.

Manifestó que ojalá el caso de Inés Fernández haga eco en las conciencias para que ya no vuelva a ocurrir un caso igual.

Después, Dilcia Samanta García, directora para la Prevención de la Violencia hacia la Mujer, de la Secretaría de Gobernación, contextualizó todo el proceso que siguió la indígena Me´phaa para llegar hasta el acto de ayer, tras la violación de que fue objeto en el 2002 por soldados del Ejército mexicano.

Agradece el director de Tlachinollan a Inés su “ejemplar lucha” por la justicia

Por su parte director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera expresó que la lucha no concluye aquí, “lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia no se agota con este acto”, dijo.

Agregó que es fundamental que violaciones a derechos humanos como las cometidas contra Inés no vuelvan a repetirse nunca más y que para ello es indispensable que se adopten medidas suficientes para transformar de fondo la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indios.

“La construcción aquí en Ayutla de un Centro Comunitario para la promoción de los derechos de las comunidades me´phaa y na´savi sin duda contribuirá a ello”, admitió; pero dijo que “lo decisivo es reconvertir la acción estatal ante las comunidades a efecto de transitar de un esquema marcado por la negación de derechos, propicio para la militarización de las comunidades, a un estadio de pleno respeto a la autonomía, a la libre autodeterminación y a la integridad del territorio de los pueblos indígenas”.

El antropólogo terminó agradeciendo a Inés Fernández “por su ejemplar lucha”.

A ella le dijo que “hay dolores que no terminan y que espera que este acto contribuya “a que empieces a acariciar ese fruto, todavía escaso en Guerrero, que es la justicia; de forma que este acto signifique la reunión de lo que ha permanecido separado, sin armonía, desde el 2002, y traiga para ti y los tuyos una brisa de paz”.

Narcoparamilitares amenazan a defensores y no actúan solos, denuncia la OPIM

Al respecto dijo que han denunciado “con nombre y apellido a los ejecutores de estos delitos y amenazas, sin embargo, el ministerio público, los policías y varios militares los protegen”.

Después la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel acusó que dentro de la guerra para acabar con los pueblos indígenas de México, está la masacre de El Charco en 1998, cuando “los soldados mataron a 11 indígenas mixtecos y los responsables no han sido castigados”, dijo.

También recordó que “de manera forzada, esterilizaron a decenas de hombres indígenas en este municipio”.

“Por eso, cuando los militares violaron a Inés Fernández Ortega, lo hicieron porque ven a la mujer como un botín de guerra, también porque con este acto, nos dicen que pueden hacer lo que quieran y no pasa nada porque ellos tienen las armas”, dijo.

Además, recordó que cuando se denunció legalmente la violación de Inés, “todo el aparato del gobierno se nos echó encima, empezaron las amenazas anónimas, los presidentes municipales tenían órdenes de no hacer obras en los pueblos que participan en la organización, de las amenazas pasaron a los hechos, asesinaron a Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, fabricaron delitos a 15 de los principales dirigentes de la organización, cinco cayeron presos, Amnistía Internacional los nombró presos de conciencia, personalmente sigo fuera de mi tierra por las amenazas de muerte, todavía cinco compañeros tienen órdenes de aprehensión por un delito que se demostró legalmente que fue fabricado con el único fin de destruir nuestra organización que no se doblegó a la represión”, expresó.

También citó que a la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos “le asesinaron en 2009, a sus dirigentes Raúl Lucas y Manuel Ponce y no hay justicia”, como parte de esto recordó que hace un mes encarcelaron “injustamente al compañero mixteco Maximino García Catarino”.

Y agregó: “lo que estoy diciendo y voy a decir ahora, me puede costar la vida, hace todavía siete años, Ayutla era un pueblo muy tranquilo, en 2008, cuando Zeferino Torreblanca era gobernador, él fue el principal represor de nuestra organización y del todo el movimiento social del estado, en su gobierno se estableció la delincuencia organizada, ésta, junto con policías y militares formaron grupos de narcoparamilitares, ellos son los responsables de las amenazas de muerte, ellos son los responsables del asesinato de Lorenzo Fernández, de Raúl Lucas y de Manuel Ponce, de las desapariciones de los ecologistas y de tantos asesinatos de luchadores sociales, los narcoparamilitares no actúan solos, tienen todo el respaldo de altas esferas del poder”, acusó.

Pidió que la disculpa pública a Inés Fernández Ortega vaya acompañada con el compromiso de no repetirse, “el gobierno debe dar apoyo a los indígenas y campesinos para producir alimentos, no queremos producir drogas, debe respetar los recursos naturales de los pueblos indígenas, a consultarlos, a impulsar desarrollo junto con ellos”, pidió.

“A esos soldados ya nos los quiero ver por allá”, dice Inés

Entre el público, el suspenso se hizo presente cuando habló Inés. Ella expresó que en México no encontró justicia por su condición de indígena pobre, y denunció que en vez de justicia encontró represión, amenazas y la persecución de los militares contra quienes se quejaba, a tal grado que, recordó que su hermano, Lorenzo Fernández murió asesinado por esta lucha. Dijo: “yo sé que los militares no solamente andan uniformados, también andan vestidos de civil y andan por aquí”, expresó señalando con el índice entre la multitud.

Y luego se anticipó a los ofrecimientos de las autoridades federales y estatales como parte de las acciones que establece la sentencia de la Corte: “escúchenme todos, hombres, mujeres y niños, las autoridades, aunque estén a tu lado y te digan que van a cumplir no lo van a hacer”, lo que provocó una de las tantas aclamaciones a su favor.

Inés, siempre serena y firme, dirigiéndose a la multitud, agregó: “por ejemplo, que más quisiera yo platicar con el secretario de Gobernación, pero él no me permitiría platicar con él porque yo hablo una lengua indígena, hablo el tlapaneco”.

Y añadió: “al gobernador también quisiera decirle las necesidades que hay en mi pueblo, pero de qué sirve, si sé que no va a cumplir con las necesidades que hay en mi pueblo. Esa fue la causa de que acudí a otros lados en busca de justicia, porque aquí no me atendieron”.

Entre pausas que servían para la traducción en español, la indígena le pidió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que fuera sincero; que dijera qué es lo que se puede hacer y qué no.

Agregó que su lucha no ha sido nomás por ello, sino también para que se haga justicia a los varones de otras comunidades de este municipio que fueron esterilizados por personal de la Secretaría de Salud, también para que haya servicios públicos en su pueblo, para que haya carretera, agua, drenaje y luz eléctrica.

Y es que se quejó de que en las comunidades indígenas los habitantes no solamente sufren las agresiones de los soldados, como en su caso, sino que también son marginados por los gobiernos municipal, estatal y municipal, pues dijo que en su pueblo ni siquiera el servicio de la educación se cumplen porque los maestros no van a dar clases.

Por eso Fernández Ortega emplazó allí al gobernador Aguirre Rivero y al presidente municipal Armando García, a que se comprometan cuando menos con el alumbrado público de su pueblo Barranca Tecoani.

“También les pido que arreglen los caminos por los que transitamos los indígenas, para que podamos caminar bien y que no solamente arreglen los caminos por donde andan las autoridades”, dijo arrancando un enésimo aplauso y porras de los asistentes.

Inés Fernández Ortega pidió a los funcionarios que se comprometieran claramente con los programas que llevarían a su comunidad, pero ante la desconfianza, agregó: “ahorita traigo los documentos, para que no sólo se comprometan, sino que firmen, aquí traigo las documentación para que la firmen no sólo delante de mí sino que sea testiga la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, insistió mostrando a los asistentes un folder amarillo y volvió a arrancar los aplausos acompañados de risas de los asistentes.

Después siempre mirando de frente a los asistentes, acusó que al alcalde Armando García Rendón, hace tres años se comprometió a construir la red eléctrica y que actualmente no ha cumplido, ante un alcalde que se sonrojó y agachó la cara.

Denunció que también al secretario de Gobierno le planteó sus necesidades, entre éstas una casa, y que él le contestó que si se la iba a construir pero allá en el monte, “pero yo le digo que cómo nos íbamos a trasladar para que nuestros hijos vinieran a sus estudios, si quería que nos pasara como a mi hermano Lorenzo que por trasladarse aquí lo mataron, ¿acaso quiere que pase lo mismo con nosotros?”.

Finalizó con una petición: “a esos soldados ya nos los quiero ver por allá”. Y después volvió a mostrar el folder que tenía en la mesa del presídium para que se lo firmaran, el gobernador y el alcalde, a manera de garantía de que cumplirán con sus promesas.

La justicia para Inés, es la que todos debemos procurar: Poiré

La procuradora General de la República, Mricela Morales se había comprometido antes a que esa dependencia retomará las investigaciones del caso de violación a Inés Fernández, como parte de la sentencia de la Coidh, y aunque no estableció plazos explicó que la dependencia federal se encargará de resolver el caso conforme se pide en la sentencia de la Corte.

El secretario de Gobernación Alejandro Poiré, dijo después de las disculpas que pidió a Inés, que el gobierno federal no escatimaría esfuerzo alguno para dar cumplimiento cabal a todos los resolutivos de la sentencia. Pues admitió que el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad de ayer era apenas uno de los puntos de la sentencia.

Y luego agregó que es responsabilidad de todos evitar que ocurran actos tan “reprobables” como el que se cometió en contra de Inés Fernández y buscar que se aplique la justicia sin importar edad, condición social o de raza.

Dijo que el compromiso es que el caso ya no se va a desahogar en el fuero militar sino en el civil y que cumplirá con la indemnización a Inés, el otorgamiento de becas, garantizar los servicios de salud para Inés y sus familiares.

Anunció que se aplicarán programas de impartición de justicia con perspectiva de género, a fin de evitar que cualquier mujer pase por lo que pasó Inés Fernández; dijo que también se promueven reformas legales para evitar la obstrucción de la justicia como en el caso de Inés, a fin de que el caso se resuelva acorde con los estándares internacionales.

Añadió : “Inés, tu esfuerzo, tu ejemplo y tu compromiso con la verdad, a pesar del sufrimiento, es algo que me llevo como una lección de justicia, lección que le das a Ayutla, a Guerrero y a todo México, esa es la justicia que todos debemos procurar”.

Finalizó que el cumplimiento del Acto de Responsabilidad lo hace en cumplimiento de un compromiso y de un mandato pero además “con la convicción de que es lo correcto y con la sincera esperanza de que este acto sirva en algo para resarcir tu dolor.

Antes el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, calificó de “vergonzoso el asunto en el que se vio envuelto la compañera Inés Fernández Ortega”.

Y luego dijo que como gobernador “y como oriundo de esta región”, refrenda su compromiso no sólo de respetar, sino de promover y difundir los derechos humanos y que es lo que está haciendo en el contenido de la nueva Constitución que en breve enviará al Congreso del estado.

Dijo que su gobierno, contribuirá en todo para reparar el daño causado a la señora Inés Fernández Ortega.

El Sur