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Funcionarios del gobierno del estado presentaron ayer a integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan una propuesta de “seguridad y reacción inmediata” ante algún evento de reisgo o amenaza para el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

Según un boletín de prensa difundido por la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, ayer en una reunión con integrantes de organismos de derechos humanos “avanzaron en la aplicación de medidas de protección para garantizar la seguridad del defensor Vidulfo Rosales Sierra y de los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.

Cita que “en el encuentro, en el que participó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, el gobierno del Estado presentó una propuesta de seguridad y de reacción inmediata ante algún evento de riesgo o amenaza para el defensor Rosales Sierra”.

Destaca que “acordaron la revisión del protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que será presentado para su consulta a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y a Amnistía Internacional”.

Se agrega en el comunicado sin precisar los nombres que los defensores de derechos humanos reconocieron la disposición del gobierno de Aguirre “para avanzar pronto en las medidas de protección del defensor Vidulfo Rosales, como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Ángel Aguirre Rivero”.

Detalla que a la reunión acudieron la encargada de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Marta Elba Garzón Bernal; así como representantes del gobierno federal, de Tlachinollan y de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Sí se les está dando garantías a los defensores en Guerrero para que hagan su trabajo: vocero

El vocero del gobierno del estado, Arturo Martínez Núñez lamentó las amenazas que recibió el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinillan, Vidulfo Rosales Sierra, y dijo que tanto a él como a otros luchadores sociales se les están dando garantías para que continúen con su trabajo en Guerrero.

De manera breve, en la conferencia para informar los resultados de la operación Guerrero Seguro, Martínez Núñez recordó ya se reunieron con los representantes no sólo de Tlachinollan, sino de otras organizaciones para ofrecerles medidas técnicas para cada una de ellas y tener protección.

Martínez Núñez recordó que la investigación del caso ya lo tiene la Procuraduría, donde se nombró un Ministerio Público vinculado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos sugerida por los propios luchadores sociales.

Agregó que están en espera de la decisión que tomaron los luchadores sociales con los que se reunieron la semana pasada para que continúen seguir trabajando en Guerrero como es darles equipos de geolocalización, video vigilancia y custodios, debido a que consideró que el gobierno del estado es muy importante darles garantías. (Mariana Labastida).

 

 

 

Reyertas políticas ajenas al sufrimiento de los pueblos

Cochoapa. Olvidados

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Mientras la clase política guerrerense dilapida recursos públicos y se da con todo, con tal de arañar una candidatura para seguir lucrando con las prebendas de un poder impúdico, los pueblos indígenas se debaten por la sobrevivencia ante las políticas devastadoras de estos gobiernos que ya no representan ninguna opción que encauce hacia un nuevo proceso civilizatorio el rumbo que requiere nuestros país.

Estos pueblos heroicos también se han visto obligados a hacerle frente a la misma naturaleza que se ha ensañado contra los más pobres de la Costa – Montaña. Las grietas de la injusticia se ensanchan y ahondan más en estas montañas que padecen sucumbir ante la acción perversa y depredadora de los políticos vende patrias, que ahora compran las candidaturas a las mafias que se ha enquistado dentro de los partidos políticos. Hemos llegado al extremo de pensar que estos partidos funcionan no sólo como agencias de colocación, sino como casinos y prostíbulos, porque nadie puede entrar a estos espacios si no paga derecho de admisión y cualquier servicio que se quiere pedir tiene un precio muy alto. La máxima es ¡que al cliente lo que pida!, por eso no es de extrañarse que los que fueron palomeados como candidatos para esta contienda electoral sean los menos idóneos, pero eso no importa porque, la clave está en que hayan desembolsado una buena cantidad de dinero o que pertenezcan a las mismas mafias que toman las decisiones políticas en el estado, porque ahora resulta que la democracia funciona como la rueda de la fortuna o como la tienda de los remates. Lo que testificamos los ciudadanos con mucha rabia fue el manoseo y la perversidad de quienes tienen los hilos del poder en el estado y que sin ningún rubor actúan para imponer sus caprichos, comportándose de forma soberbia como si fueran los dueños de las grandes subastadoras del poder.

Por este tipo de políticos que siguen proliferando en nuestro estado seguimos sin salir del fango por todo el cochinero que han hecho con la selección de candidaturas. En el escenario estatal, los ciudadanos y ciudadanas no vemos dentro de los partidos políticos a personajes que tengan prestigio personal y profesional, que se atisbe en su trayectoria alguna acción de trascendencia en beneficio de la sociedad, o que gocen de prestigio público por su calidad moral y por su honestidad probada.

A los políticos que hemos tenido que padecer y soportar durante varios sexenios, a los que hemos tolerado todos sus caprichos, de querer ocupar los cargos que más les place, de verlos como personajes de un circo en el que actúan como pésimos trapecistas, de tener que celebrar sus berrinches como si se tratara de hijos consentidos a quienes no se les pude negar nada. Todas estas pantomimas no son otra cosa que las acciones truculentas de políticos que ha perdido principios y valores y que ahora son capaces de todo: de pertenecer a un partido político durante un trienio o sexenio, para que al siguiente puedan estar ocupando otro cargo llevando la estafeta de otro partido. Los que no tienen estar fortuna logran negociar cargos de segundo nivel en varios municipios para tener el control de ciertos espacios que les permita recuperar su dinero invertido y hacerse de una candidatura para el próximo periodo electoral. Estas prácticas no son exclusivas de un solo partido, más bien, son vicios que se han incrustado entre todos los partidos y que forman parte de su identidad deteriorada. Por eso mismo los que ya fueron gobernadores y que defraudaron al pueblo sin ninguna preocupación y más bien con total cinismo, se sientan con las cúpulas partidistas para negociar sus propias candidaturas, saben que están protegidos, que ningún político les podrá pedir cuentas porque entre gitanos no se leen las manos. Entre ellos se conocen muy bien y saben de qué pie cojean, y cuál es su lado débil. Todos ellos se han hecho famosos no por las grandes obras que han construido en el estado, sino por los grandes negocios que han hecho, bajo la sombra del poder, por su perversidad y corrupción, por su despotismo e intolerancia, por sus actos represivos y cobardes, por sus tratos discriminatorios contra los más pobres y por lucrar con el hambre de los olvidados.

Esta generación de políticos amenaza con prolongar su estirpe en estos tiempos donde impera la ley del mercado y donde todas las relaciones personales y de grupo están cruzadas por intereses económicos. Estamos amenazados por esta clase política que todo lo quiere comprar y vender porque se asumen como dueños y señores del Estado entendido como una empresa familiar que manejan como si fuese un patrimonio que heredaron.

Queda claro que las decisiones que están tomando las cúpulas partidistas tienen como único fin consolidarse por lo menos de una década más dentro de las estructuras del Estado para seguir usurpando el poder arrebatándoles a los pueblos la oportunidad de participar en la toma de decisiones y a compartir los beneficios que genera y produce la clase trabajadora de nuestro país. Las familias encumbradas del Estado ya se frotan las manos porque lograron imponer a sus candidatos y cada una de ellas avizora un porvenir promisorio para sus vástagos a quienes ya los miran gobernando el estado. Ellos no tienen la capacidad para entender y ponderar la delicada situación que vive el estado de Guerrero, no les preocupa que la situación social sea desbordante y explosiva, mucho menos pulsan el malestar de una sociedad que está al límite de tanto agravio y tanto abuso por parte de quienes no han sabido gobernar obedeciendo el mandato de un pueblo sumido en la miseria.

En el inicio de las campañas electorales nos invadirán los mensajes vacuos y superficiales de los candidatos y candidatas. Los millones de pesos asignados a los partidos políticos por parte de los institutos electorales se dilapidarán en espectaculares para anunciar a los políticos que no tienen ni una propuesta seria para revertir el proceso de empobrecimiento y deterioro de la vida pública, pero en cambio si tienen ese instinto de poder para satisfacer sus ambiciones personales. Permea la mediocridad entre quienes se disputan los cargos públicos y que sólo le apuestan a la compra de votos y al uso facciosos de los recursos públicos. Esta turbiedad electorera es un preludio del ahondamiento de la crisis política que arrastramos desde hace más de dos décadas. Tendremos más de lo mismo con un agravamiento mayor porque los ciudadanos y ciudadanas no nos sentimos representados por los candidatos y candidatas que pululan en el estado y en el país. Llegarán a las comunidades y a los municipios con su aparato de seguridad y con sus grupos de asesores, hurgando siempre la idea de cómo impactar mejor con mensajes engañosos y prometer cosas que no están ancladas en los legítimos reclamos de la población. Sus recorridos serán siempre fugaces buscando únicamente un efecto mediático, disfrazándose como siempre con los atuendos de las indígenas y los campesinos, haciendo creer que con estas vestimentas es suficiente para que las y los candidatos se ganen la confianza de la ciudadanía. Entrarán en operación los lideres y los representantes de organizaciones corporativizadas para acarrear a la gente que ante su precaria situación es fácilmente manipulable para hacerle el caldo gordo a los partidos políticos, que están urgidos de clientelas políticas acríticas.

Contrastando esta vorágine electorera en la que se han enfrascado los partidos políticos para definir sus candidaturas, en la semana pasada, aprovechando los días de descanso con motivo de la semana santa, como Tlachinollan tuvimos nuevamente la honrosa visita de una delegación del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, encabezada por la señora Kerry Kennedy, quienes estuvieron en varias comunidades de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, para escuchar la voz de las víctimas y de la población que luchan por defender sus derechos en las condiciones más adversas. Las y los integrantes de la delegación, que son personalidades que gozan de alto prestigio en el ámbito académico periodístico y los Derechos Humanos en los Estados Unidos, conocieron en los filos de la Montaña la entraña de este mundo hostil, el estigma secular de la indianidad, y las condiciones socioeconómicas que denigran la vida de los pueblos originarios de Guerrero. La señora Kennedy, su hija y sus amigos, vieron la realidad lacerante, escucharon en las lenguas originarias a la gente, palparon la pobreza y sintieron en sus corazones una indignación que los funcionarios del gobierno son incapaces de sentir y de experimentar.

En Tlapa, la delegación del Centro Kennedy se entrevistó con los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua ejecutado extrajudicialmente en junio de 2009 por soldados del Ejército Mexicano, y oyeron de ellos la valiente lucha que han emprendido para exigir justicia en una instancia competente e imparcial del fuero civil, que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde la Ministra Olga Sánchez Cordero deberá analizar el caso en breve.

También acudieron a la comunidad Nasavi de Nuevo Zaragoza, municipio de Alcozauca, que se asienta en las faldas del cerro 15, donde estuvo atrincherado varios años el General Vicente Guerrero. En voz del Comisario, de las y los habitantes, escucharon la historia de este pueblo que en medio de la más profunda marginación tuvo que ser reubicado por los deslaves que ponían en riesgo las vidas de los habitantes. Esta situación devino ahora en una disputa agraria que ha causado amenazas, detenciones y hostigamiento policíaco, lo que fue informado a la delegación.

En Ayutla de los Libres, donde se gestó un movimiento histórico que acuño el Plan de Ayutla para derrocar la dictadura de López de Santana y crear las condiciones para emprender un proceso de transformación social que culminó con la revolución de 1910, la comisión escuchó a Margarita de las Nieves, viuda de Manuel Ponce Rosas, quien junto con Raúl Lucas Lucía fue desaparecido y ejecutado extrajudicialmente en febrero de 2009. Ante la impunidad prevaleciente frente a los crímenes cometidos contra ambos defensores de derechos humanos, la delegación del Centro RFK escuchó el clamor por la justicia que no llega a los indígenas Ayutla.

Fue también en este municipio donde Kerry Kennedy, sus amigos y sus familiares, se reencontraron con Maximino García Catarino, defensor del pueblo mixteco que fue detenido bajo un falso cargo en enero de este año, para ser liberado dos meses más tarde, luego de que en la apelación su defensa mostrara las inconsistencias del auto de formal prisión dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende. La delegación acompañó a Maximino García Catarino en su regreso a la comunidad, sumándose a la exigencia de que los defensores de derechos humanos del pueblo mixteco dejen de ser hostigados judicialmente y expresando su solidaridad con su lucha, comprometiéndose a plantear esta delicada situación ante las autoridades federales, para cese la criminalización a su movimiento.

Por otro lado, la misión de observación recibió también información sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 12 de diciembre de 2011, así como los riesgos que se han cernido sobre víctimas y defensores que alzaron su voz contra lo ocurrido en esa infausta fecha.

A lo largo de las actividades en Guerrero de Kerry Kennedy y sus colegas, fue notorio y aleccionador para quienes la acompañamos su sencillez y su profunda capacidad de escucha, expresión de una mujer de corazón cálido y justo que se indigna ante las abusos y aberraciones del poder. El modo en que ella tuvo disposición para trasladarse por los caminos agrestes y sentarse para escuchar la voz de las víctimas, contrasta con el desdén secular de las autoridades que se incomodan al ser interpeladas por el clamor de las y los excluidos. Más aun, la defensora estuvo acompañada durante su visita por su hija, gesto que revela el grado de congruencia de quien sabe que en la brega hacia la transformación de las estructuras injustas se debe empezar por el entorno más próximo y entrañable: el de la familia y los amigos, con quienes se comparte vida y corazón, priorizando el involucramiento en la lucha por la justicia de las y los más jóvenes.

El encuentro de la delegación del Centro Kennedy con los pueblos indígenas expresa el compromiso, la solidaridad, el testimonio y la conversión hacia los que verdaderamente son los que portan un mensaje de esperanza y transformación de las condiciones de opresión. La visita de Kerry Kennedy nos recuerda que en todo vía crucis hay también manos tendidas y solidarias que prefiguran la luz que resplandecerá cuando la muerte y la injusticia sean vencidas.

El Sur

Pide perdón el Estado mexicano a indígena que fue violada por militares

El secretario de Gobernación Alejandro Poiré se dirige a Inés Fernández quien es asistida para la traducción por la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, en el acto de ayer en Ayutla * Foto: Lenin Ocampo Torres

Después de 10 años en busca de justicia, por la violación sexual que sufrió por soldados del Ejército, el Estado mexicano pidió perdón ayer aquí a la indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega, quien incrédula por los tantos engaños de que también ha sido víctima, en un discurso lleno todavía de rencor, se había anticipado con una advertencia que manifestó ante más de 500 asistentes, “aunque tengan las autoridades aquí, a su lado, yo sé que no van a cumplir”.

“Señora Inés Fernández Ortega, a usted, a su esposo Prisciliano Sierra, y a sus hijos, en mi carácter de secretario de Gobernación y en nombre del Estado mexicano le ofrezco las más sinceras disculpas”, diría después el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, ante una Inés Fernández Ortega seria y con los ojos aún enrojecidos, porque aunque durante su discurso se mantuvo incólume, al terminar, ya cuando había entregado el micrófono, al escuchar los “Inés, Inés, Inés… que la alentaban desde el público”, se quebró y rompió disimuladamente en llanto.

El Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Institucional en el caso de Inés Fernández Ortega, que es el reconocimiento del gobierno mexicano de que la indígena fue violada por soldados del Ejército y el pedimento del perdón, es apenas una de las resoluciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso de la indígena me´phaa que en el 2002 fue violada sexualmente por los soldados en su casa de la comunidad de Barranca Tecoani.

A dicho acto asistió también la procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez; el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Rafael Cazares Ayala; el gobernador Ángel Aguirre Rivero; el presidente municipal, Armando García Rendón, así como funcionarios del área de seguridad y justicia de los gobiernos federal y estatal.

Fueron testigos también representantes de organismos civiles de derechos humanos nacionales y extranjeros, así como dirigentes de agrupaciones locales.

Estuvieron los integrantes de la delegación del Consejo General de la Abogacía Española, que se encuentra en Guerrero desde el domingo pasado, asimismo, asistió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, Así como representantes de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias (CRAC), del Consejo de Ejidos Opositoras a la Parota (Cecop), del Consejo de Autoridades de Tecoanapa, de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).

Durante el acto, estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa mostraron de entre los asistentes pancartas que expresaban consignas como: “Aguirre asesino de estudiantes. ¿Justicia!!!. “Juicio político”, “no + sangre”, mismos que cambiaron el semblante del gobernador que llegó acompañado del secretario de Gobernación y del resto de los funcionarios federales y estatales al presídium.

La protesta de los estudiantes que se encontraban desplegados por diferentes puntos de la explanada repleta de gente, trató de ser mediatizada después por otra pancarta que se coló del lado izquierdo del presídium, en la que se leía: “Señor gobernador Las Vigas le agradece por el Bulevar”.

El acto comenzó con las palabras de bienvenida del presidente municipal Armando García Rendón, quien celebró la presencia en su municipio de “grandes personalidades”.

Posteriormente, a nombre de la Organización del Pueblo Indígena Me phaa, Jazmín Ramírez Carvajal dijo que casos como el de Inés ocurren en Guerrero “porque vivimos una sociedad donde a la mujer se le trata como un objeto “, y dijo que este acto sirve para rendir un homenaje a todas las mujeres que han luchado por una sociedad más justa”.

Manifestó que ojalá el caso de Inés Fernández haga eco en las conciencias para que ya no vuelva a ocurrir un caso igual.

Después, Dilcia Samanta García, directora para la Prevención de la Violencia hacia la Mujer, de la Secretaría de Gobernación, contextualizó todo el proceso que siguió la indígena Me´phaa para llegar hasta el acto de ayer, tras la violación de que fue objeto en el 2002 por soldados del Ejército mexicano.

Agradece el director de Tlachinollan a Inés su “ejemplar lucha” por la justicia

Por su parte director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera expresó que la lucha no concluye aquí, “lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia no se agota con este acto”, dijo.

Agregó que es fundamental que violaciones a derechos humanos como las cometidas contra Inés no vuelvan a repetirse nunca más y que para ello es indispensable que se adopten medidas suficientes para transformar de fondo la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indios.

“La construcción aquí en Ayutla de un Centro Comunitario para la promoción de los derechos de las comunidades me´phaa y na´savi sin duda contribuirá a ello”, admitió; pero dijo que “lo decisivo es reconvertir la acción estatal ante las comunidades a efecto de transitar de un esquema marcado por la negación de derechos, propicio para la militarización de las comunidades, a un estadio de pleno respeto a la autonomía, a la libre autodeterminación y a la integridad del territorio de los pueblos indígenas”.

El antropólogo terminó agradeciendo a Inés Fernández “por su ejemplar lucha”.

A ella le dijo que “hay dolores que no terminan y que espera que este acto contribuya “a que empieces a acariciar ese fruto, todavía escaso en Guerrero, que es la justicia; de forma que este acto signifique la reunión de lo que ha permanecido separado, sin armonía, desde el 2002, y traiga para ti y los tuyos una brisa de paz”.

Narcoparamilitares amenazan a defensores y no actúan solos, denuncia la OPIM

Al respecto dijo que han denunciado “con nombre y apellido a los ejecutores de estos delitos y amenazas, sin embargo, el ministerio público, los policías y varios militares los protegen”.

Después la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel acusó que dentro de la guerra para acabar con los pueblos indígenas de México, está la masacre de El Charco en 1998, cuando “los soldados mataron a 11 indígenas mixtecos y los responsables no han sido castigados”, dijo.

También recordó que “de manera forzada, esterilizaron a decenas de hombres indígenas en este municipio”.

“Por eso, cuando los militares violaron a Inés Fernández Ortega, lo hicieron porque ven a la mujer como un botín de guerra, también porque con este acto, nos dicen que pueden hacer lo que quieran y no pasa nada porque ellos tienen las armas”, dijo.

Además, recordó que cuando se denunció legalmente la violación de Inés, “todo el aparato del gobierno se nos echó encima, empezaron las amenazas anónimas, los presidentes municipales tenían órdenes de no hacer obras en los pueblos que participan en la organización, de las amenazas pasaron a los hechos, asesinaron a Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, fabricaron delitos a 15 de los principales dirigentes de la organización, cinco cayeron presos, Amnistía Internacional los nombró presos de conciencia, personalmente sigo fuera de mi tierra por las amenazas de muerte, todavía cinco compañeros tienen órdenes de aprehensión por un delito que se demostró legalmente que fue fabricado con el único fin de destruir nuestra organización que no se doblegó a la represión”, expresó.

También citó que a la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos “le asesinaron en 2009, a sus dirigentes Raúl Lucas y Manuel Ponce y no hay justicia”, como parte de esto recordó que hace un mes encarcelaron “injustamente al compañero mixteco Maximino García Catarino”.

Y agregó: “lo que estoy diciendo y voy a decir ahora, me puede costar la vida, hace todavía siete años, Ayutla era un pueblo muy tranquilo, en 2008, cuando Zeferino Torreblanca era gobernador, él fue el principal represor de nuestra organización y del todo el movimiento social del estado, en su gobierno se estableció la delincuencia organizada, ésta, junto con policías y militares formaron grupos de narcoparamilitares, ellos son los responsables de las amenazas de muerte, ellos son los responsables del asesinato de Lorenzo Fernández, de Raúl Lucas y de Manuel Ponce, de las desapariciones de los ecologistas y de tantos asesinatos de luchadores sociales, los narcoparamilitares no actúan solos, tienen todo el respaldo de altas esferas del poder”, acusó.

Pidió que la disculpa pública a Inés Fernández Ortega vaya acompañada con el compromiso de no repetirse, “el gobierno debe dar apoyo a los indígenas y campesinos para producir alimentos, no queremos producir drogas, debe respetar los recursos naturales de los pueblos indígenas, a consultarlos, a impulsar desarrollo junto con ellos”, pidió.

“A esos soldados ya nos los quiero ver por allá”, dice Inés

Entre el público, el suspenso se hizo presente cuando habló Inés. Ella expresó que en México no encontró justicia por su condición de indígena pobre, y denunció que en vez de justicia encontró represión, amenazas y la persecución de los militares contra quienes se quejaba, a tal grado que, recordó que su hermano, Lorenzo Fernández murió asesinado por esta lucha. Dijo: “yo sé que los militares no solamente andan uniformados, también andan vestidos de civil y andan por aquí”, expresó señalando con el índice entre la multitud.

Y luego se anticipó a los ofrecimientos de las autoridades federales y estatales como parte de las acciones que establece la sentencia de la Corte: “escúchenme todos, hombres, mujeres y niños, las autoridades, aunque estén a tu lado y te digan que van a cumplir no lo van a hacer”, lo que provocó una de las tantas aclamaciones a su favor.

Inés, siempre serena y firme, dirigiéndose a la multitud, agregó: “por ejemplo, que más quisiera yo platicar con el secretario de Gobernación, pero él no me permitiría platicar con él porque yo hablo una lengua indígena, hablo el tlapaneco”.

Y añadió: “al gobernador también quisiera decirle las necesidades que hay en mi pueblo, pero de qué sirve, si sé que no va a cumplir con las necesidades que hay en mi pueblo. Esa fue la causa de que acudí a otros lados en busca de justicia, porque aquí no me atendieron”.

Entre pausas que servían para la traducción en español, la indígena le pidió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que fuera sincero; que dijera qué es lo que se puede hacer y qué no.

Agregó que su lucha no ha sido nomás por ello, sino también para que se haga justicia a los varones de otras comunidades de este municipio que fueron esterilizados por personal de la Secretaría de Salud, también para que haya servicios públicos en su pueblo, para que haya carretera, agua, drenaje y luz eléctrica.

Y es que se quejó de que en las comunidades indígenas los habitantes no solamente sufren las agresiones de los soldados, como en su caso, sino que también son marginados por los gobiernos municipal, estatal y municipal, pues dijo que en su pueblo ni siquiera el servicio de la educación se cumplen porque los maestros no van a dar clases.

Por eso Fernández Ortega emplazó allí al gobernador Aguirre Rivero y al presidente municipal Armando García, a que se comprometan cuando menos con el alumbrado público de su pueblo Barranca Tecoani.

“También les pido que arreglen los caminos por los que transitamos los indígenas, para que podamos caminar bien y que no solamente arreglen los caminos por donde andan las autoridades”, dijo arrancando un enésimo aplauso y porras de los asistentes.

Inés Fernández Ortega pidió a los funcionarios que se comprometieran claramente con los programas que llevarían a su comunidad, pero ante la desconfianza, agregó: “ahorita traigo los documentos, para que no sólo se comprometan, sino que firmen, aquí traigo las documentación para que la firmen no sólo delante de mí sino que sea testiga la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, insistió mostrando a los asistentes un folder amarillo y volvió a arrancar los aplausos acompañados de risas de los asistentes.

Después siempre mirando de frente a los asistentes, acusó que al alcalde Armando García Rendón, hace tres años se comprometió a construir la red eléctrica y que actualmente no ha cumplido, ante un alcalde que se sonrojó y agachó la cara.

Denunció que también al secretario de Gobierno le planteó sus necesidades, entre éstas una casa, y que él le contestó que si se la iba a construir pero allá en el monte, “pero yo le digo que cómo nos íbamos a trasladar para que nuestros hijos vinieran a sus estudios, si quería que nos pasara como a mi hermano Lorenzo que por trasladarse aquí lo mataron, ¿acaso quiere que pase lo mismo con nosotros?”.

Finalizó con una petición: “a esos soldados ya nos los quiero ver por allá”. Y después volvió a mostrar el folder que tenía en la mesa del presídium para que se lo firmaran, el gobernador y el alcalde, a manera de garantía de que cumplirán con sus promesas.

La justicia para Inés, es la que todos debemos procurar: Poiré

La procuradora General de la República, Mricela Morales se había comprometido antes a que esa dependencia retomará las investigaciones del caso de violación a Inés Fernández, como parte de la sentencia de la Coidh, y aunque no estableció plazos explicó que la dependencia federal se encargará de resolver el caso conforme se pide en la sentencia de la Corte.

El secretario de Gobernación Alejandro Poiré, dijo después de las disculpas que pidió a Inés, que el gobierno federal no escatimaría esfuerzo alguno para dar cumplimiento cabal a todos los resolutivos de la sentencia. Pues admitió que el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad de ayer era apenas uno de los puntos de la sentencia.

Y luego agregó que es responsabilidad de todos evitar que ocurran actos tan “reprobables” como el que se cometió en contra de Inés Fernández y buscar que se aplique la justicia sin importar edad, condición social o de raza.

Dijo que el compromiso es que el caso ya no se va a desahogar en el fuero militar sino en el civil y que cumplirá con la indemnización a Inés, el otorgamiento de becas, garantizar los servicios de salud para Inés y sus familiares.

Anunció que se aplicarán programas de impartición de justicia con perspectiva de género, a fin de evitar que cualquier mujer pase por lo que pasó Inés Fernández; dijo que también se promueven reformas legales para evitar la obstrucción de la justicia como en el caso de Inés, a fin de que el caso se resuelva acorde con los estándares internacionales.

Añadió : “Inés, tu esfuerzo, tu ejemplo y tu compromiso con la verdad, a pesar del sufrimiento, es algo que me llevo como una lección de justicia, lección que le das a Ayutla, a Guerrero y a todo México, esa es la justicia que todos debemos procurar”.

Finalizó que el cumplimiento del Acto de Responsabilidad lo hace en cumplimiento de un compromiso y de un mandato pero además “con la convicción de que es lo correcto y con la sincera esperanza de que este acto sirva en algo para resarcir tu dolor.

Antes el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, calificó de “vergonzoso el asunto en el que se vio envuelto la compañera Inés Fernández Ortega”.

Y luego dijo que como gobernador “y como oriundo de esta región”, refrenda su compromiso no sólo de respetar, sino de promover y difundir los derechos humanos y que es lo que está haciendo en el contenido de la nueva Constitución que en breve enviará al Congreso del estado.

Dijo que su gobierno, contribuirá en todo para reparar el daño causado a la señora Inés Fernández Ortega.

El Sur

 

Denuncian trata de blancas en la región de la Montaña de Guerrero

De acuerdo al Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan las redes que operan este delitos incluyendo explotación sexual, actúan en algunos casos bajo la protección de autoridades.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan denunció que en la región Montaña todavía operan redes de delincuentes dedicados a la trata y explotación sexual de personas, en algunos casos con la protección de las autoridades.

En un comunicado emitido este 29 de febrero, el organismo informó que el 7 del presente, alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando la joven Patricia Campos Muñoz iba a la telesecundaria de Lomazoyatl, municipio de Alcozauca fue interceptada por dos personas que iban a bordo de una camioneta negra, tipo lobo con vidrios polarizados, de la cual descendió un sujeto quien le tapó la boca para que no gritara, llevándosela con rumbo desconocido hacia la carretera Tlapa-Metlatónoc.

Los habitantes de Lomazoyatl instrumentaron un operativo de búsqueda pero ya no la encontraron, por lo que interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Tlapa.

Tlachinollan asegura que el fenómeno no es nuevo en las comunidades indígenas de la zona, el 2009 las menores Flora Saldaña Aparicio, Esperanza Marcelino Lara y Herminia Apolinar Flores, oriundas de la comunidad de Ixtlahua Roja, Municipio de Atlixtác, fueron sacadas de su casa con engaños y posteriormente las vendieron para prostituirlas y utilizarlas para trabajos domésticos sin remuneración.

El Centro de Derechos Humanos sostiene que en ese caso las autoridades investigadoras nunca actuaron con diligencia, las menores aparecieron no por la eficacia de la policía, sino por la búsqueda incansable de sus propios familiares.

La forma en que se levaron a Patricia Campos Muñoz, de acuerdo a Tlachinollan es una muestra de que las redes que se dedican a la trata de personas operan impunemente en la Montaña, incluso con la complacencia de las autoridades.

“ A más de más de veinte días, Patricia sigue desaparecida y las autoridades encargadas de la investigación conducen el caso con omisiones, irregularidades y lentitud. Pese a que los familiares ya hicieron un señalamiento contra los responsables y de que está ubicado el lugar donde se encuentra la menor, pero el Ministerio Público y la Policía ministerial sospechosamente se niegan a actuar”, apuntó.

El organismo indicó que la condición de pobreza, de mujer e indígena hace a las habitantes de la Montaña vulnerables ante los grupos de delincuentes que las utilizan como mercancía, por eso pidió la intervención de instancias nacionales e internacionales para que tomen nota del asunto.

Salen 73 mil indígenas cada año a trabajar al norte; no se respetan sus derechos humanos y laborales: Tlachinollan

Voracidad de empresarios agrícolas, violaciones a derechos humanos y de trabajo, y explotación laboral de niños, forman parte de la tragedia que viven miles de indígenas de los estados más pobres del país que emigran cada año a las entidades del norte para emplearse como jornaleros agrícolas, de acuerdo con el informe Migrantes somos y en el camino andamos.

El documento fue elaborado y presentado en la ciudad de México por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y está enfocado en la ruta que siguen año con año los indígenas guerrerenses, que ocupan el primer lugar de migración interna nacional, de acuerdo con el Diagnóstico Integral sobre los jornaleros agrícolas y sus familias, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal.

“El informe tiene el objetivo de visibilizar a un sector abandonado: los indígenas, que aunque no hablan español tienen dignidad, pero para quienes no hay justicia, porque no representan dividendos políticos”, dijo Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.

En el documento se destaca que de los más de 2 millones de personas que emigran a otros estados del país, los indígenas guerrerenses ocupan el primer lugar, debido a la falta de oportunidades de desarrollo laboral y humano en sus comunidades.

De los más de 73 mil indígenas guerrerenses que año con año dejan sus comunidades para dirigirse a entidades como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, 42 por ciento son menores de 15 años; y 6 por ciento, menores de un año. Aproximadamente 20 por ciento de los menores se integran a las duras jornadas agrícolas.

Victoria Cruz, coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó en su presentación las “ausencias de derechos, a la salud, a la vivienda digna, al trabajo justamente remunerado, y ante todo, ausencia de autoridad de Estado para hacer respetar las leyes y normas que protegen a esta población tan invisibilizada y explotada”.

Manifestó asimismo la preocupación de que después de 39 años de que se adoptó el Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima para la Admisión de Empleo, “México sea el único país de América Latina que se resiste a ratificarlo, lo que habla mucho de cuáles son los intereses de este país, porque ese convenio tiene como objetivo erradicar el trabajo infantil”.

“Hay una gran voracidad de los empresarios agrícolas, para ellos la mano de obra infantil no sólo es más barata, sino más efectiva y en ocasiones hasta codiciada, porque con su manos pequeñas, los niños no maltratan las legumbres y verduras; además por su baja estatura, se cansan menos porque casi no tienen que agacharse para cosechar”, apuntó Margarita Nemecio, coordinadora del Área de Migrantes en Tlachinollan.

En el documento elaborado por Tlachinollan se describen 312 casos de violaciones a derechos humanos y laborales. “La mayoría de los expedientes tienen que ver con muertes ocurridas en los campos agrícolas, en la operación de maquinaria o en los traslados de los campamentos a las zonas de trabajo; a los indígenas los obligan a firmar documentos en los que eximen a los empresarios de cualquier responsabilidad, incluso cuando se trata de asuntos penales; pero los indígenas no saben leer ni escribir, y muchos ni siquiera hablan español”, resaltó Nemecio.

Entre las muertes documentadas por Tlachinollan hay siete de niños, la más pequeña, de cinco meses de nacida, Silvia, quien murió al ser atropellada por un tractor. “Las mujeres no cuentan con servicio de guardería mientras laboran; y los campamentos no son sitios seguros porque todas las mujeres salen a trabajar. Cuando Silvia murió ni siquiera estaba registrada”, añadió Nemecio.

“Somos pobres, no sabemos

leer ni escribir bien”, dice una

jornalera

Durante la presentación del informe, Aureliana Díaz Benigno, confirmó las difíciles condiciones de trabajo a las que se enfrentan las mujeres indígenas en los campos agrícolas, donde los derechos laborales no existen, mucho menos para ellas.

Aureliana contó que, en estado de gravidez, en campos agrícolas de Morelos trabajaba jornadas completas en la pizca de ejote, y como todos los jornaleros, tras llenar su costal de 70 kilos, lo llevaba ante los capataces.

En uno de los viajes, por un accidente de trabajo, su marido murió, y Aureliana, “sin ayuda de los patrones”, trasladó el cuerpo de su pareja a Tlapa, para después regresar a los campos a trabajar junto con sus tres hijos.

Ante el abandono, los indígenas de Guerrero se han organizado en el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, que preside Miguel Martínez Peralta, quien conoce “en carne propia” el sufrimiento de éstos y el “desprecio” que reciben “de las autoridades”.

Las demandas más sentidas de este Consejo de Jornaleros, dijo Martínez, son agua y luz en los lugares de Tlapa previos a la partida para trabajar en los estados del norte.

“Somos pobres, no sabemos leer ni escribir bien, hay algunos que no saben ni español, pero tenemos dignidad, por eso pedimos que se nos atienda”, apuntó el dirigente indígena.

Los indígenas “los más

despojados”: ONU

Por su parte, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, lanzó una pregunta al aire: “¿Cuántos cientos de años más se va a seguir apostando a mantener esas enormes brechas en las que los más pobres de entre los pobres siguen siendo los indígenas, y como hace cientos de años, siguen siendo los más explotados y los más despojados?”

Fuente: El Sur