Archivo del sitio

Marchan mas de 3000 mil estudiantes en respaldo a los normalistas de Ayotzinapa

Jefe del crimen ordenó que mataran a los normalistas que detuvo la policía: Iñaky

Jefe de policía ordenó detener a normalistas, y líder del crimen, que los mataran, dice Iñaky

*El fiscal informó del hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas de Pueblo Viejo, pero no se sabe si son los estudiantes desaparecidos; seguirá la búsqueda, indicó.  Dijo que dos sicarios de Guerreros Unidos que están detenidos declararon que dispararon contra los estudiantes el 26 de septiembre, que los bajaron del autobús, que detuvieron a 17, se los llevaron a Pueblo Viejo y los mataron. La línea de la investigación es la delincuencia organizada, insiste

Mariana Labastida

El fiscal general del estado, Iñaky Blanco Cabrera, determinó que los normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre por instrucciones del director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y que la orden de llevárselos y matarlos fue de un integrante y líder del grupo delictivo Guerreros Unidos apodado el Chucky.
Iñaky Blanco dio ayer una conferencia de prensa en Acapulco, en la que informó de los avances de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y dio a conocer esas primeras conclusiones de la dependencia estatal.
Señaló que entre los detenidos, un vendedor de narcóticos y un sicario admitieron haber disparado contra los normalistas la noche del viernes 26 de septiembre, que los bajaron del autobús en el que iban “procediendo a asegurar a 17 de ellos, trasladándolos a la parte alta de un cerro en Pueblo Viejo, donde tienen fosas clandestinas, en el que los ultimaron”.
Indicó que en las fosas que fueron localizadas en Pueblo Viejo se encontraron 28 cuerpos “algunos completos y otros fragmentados, los cuales presentan signos de calcinación”. No descartó que los cuerpos sean de normalistas desaparecidos, pero dijo que se sabrá cuando se tengan los resultados de las pruebas forenses con las que se identifique a cada uno de los cadáveres.
A pregunta de un reportero dijo que la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos continuará, mientras no se tengan esos resultados.
Indicó que se promoverá un juicio de procedencia contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ante el Congreso local para que le quiten el fuero y responda por los señalamientos que le están haciendo.
En la conferencia en la Promotora Turística (Protur), el fiscal informó del cateo de diferentes propiedades del alcalde.
Informó también de la detención de Luis Alberto José Gaspar y Norma Angélica Bruno Román (esposos); el esposo declaró que trabaja como halcón de Guerreros Unidos, para Osiel “n”, vigilando para avisar de la presencia de federales, estatales, ministeriales, marinos y militares en la salida de la carretera de Iguala a Taxco. Dijo que en la averiguación previa FGE/DGCAP/4035/2014, por el delito de delincuencia organizada, se decretó la detención legal de Luis Alberto José Gaspar.
Dentro de dicha investigación se localizó y se detuvo al policía preventivo Honorio Antúnez Osorio, a Martín Alejandro Macedo Barrera (vendedor de narcóticos) y Marco Antonio Ríos Beber (sicario), a los que se les aseguró una pistola 45, con 13 cartuchos útiles, 2 cartuchos calibre .380, dos costalillas y dos bolsas de plástico con “yerba verde y seca con las características propias de la mariguana”, una báscula marca Volke y una mariconera negra, además de tres teléfonos celulares.
Dichos detenidos señalaron trabajar “para el grupo delicuencial denominado Guerreros Unidos e identificaron a 30 policías preventivos municipales como integrantes del mismo, “además, aceptaron haber participado en el tráfico de drogas, secuestros y homicidios”.
Iñaky Blanco dijo que el sábado, Martín Alejandro Maceda y Marco Antonio Ríos dijeron haber participado directamente en el homicidio de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, a los que siguieron desde que llegaron a Iguala a bordo de una camioneta Ram blanca y una Ford Lobo negra, y cerca del centro de la ciudad “accionaron sus armas” contra ellos. Lee el resto de esta entrada

López Rosas fabricó pruebas contra mí igual que en el caso Ayotzinapa, dice Willy Reyes

Jesús Saavedra/Chilpancingo

El alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, y sus abogados, consideraron que es “inviable jurídicamente” el juicio de revocación del cargo en su contra por estar acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, pues “tres de los cuatro que me acusan ya se retractaron”.

Reyes Ramos ofreció este miércoles una conferencia de prensa en un restaurante en el centro de esta ciudad, acompañado de sus abogados Xavier y Alejandro Olea y José Antonio Bonilla, donde leyó un documento para dar a conocer que el martes y miércoles de la próxima semana se abrirá el período de desahogo de pruebas ante la Comisión Instructora del Congreso del Estado.

El alcalde de Tlapa explicó antes de leer un documento, que decidió guardar silencio sobre la acusación que hizo en su contra la PGJE y la solicitud de desafuero, luego del desalojo violento del 12 de diciembre que dejó como saldo dos estudiantes de Ayotzinapa muertos a tiros, pues “tuvimos la precaución de mantenernos alejados de los sucesos para no tratar de voluntariamente o involuntariamente generar convulsión en Guerrero”.

Reyes Ramos sostuvo que ahora que inicia la etapa de desahogo de pruebas en el Congreso del estado en el procedimiento de desafuero que se le sigue, “fijo una postura de que es claro y evidente lo que siempre estuvimos demandando públicamente, queda demostrado que la PGJE actuó de forma alevosa y que se fabricaron pruebas para perjudicarme, por eso denuncio que prácticamente la mayoría de funcionarios que armaron el montaje, el complot en mi contra, tienen averiguaciones previas por casos que denunciamos, como es la tortura, de incriminaciones políticas, de coacción, de invención de chivos expiatorios, y sobre todo que efectivamente queda corroborado que está demostrada su actuación como en Ayotzinapa y por eso la justicia federal los persigue”.

Willy Reyes aseveró que quedó “demostrado que sembraron pruebas falsas, que no revisaron otras líneas, se enfocaron a mi persona, de recabar otras líneas en Alcozauca, por lo que ha pasado a sus familiares del diputado federal asesinado, y no ahondaron en otras líneas de investigación y quedó demostrado que hubo omisiones, desviaciones, ocultamiento de evidencias para proteger o desvirtuar un asunto legal, no me permitieron el derecho de audiencia y montaron una consignación al Congreso, ese subprocurador, César de los Santos, que hoy está amparado por una orden judicial, a través de tres declaraciones para que se iniciara el juicio de procedencia, esas declaraciones son ambiguas”.

Investigar por otro lado, pide

Por ello le pidió al encargado de despacho de la PGJE, Juan Manuel Herrera Campos, “abrir nuevas líneas de investigación, no se puede cometer un delito sobre otro delito en mi contra”.

Explicó que el martes y miércoles próximos arranca el proceso en el Congreso del Estado para el desahogo de pruebas en el juicio que se le sigue, y “hemos presentado las primeras 44 pruebas, estarán presentes habitantes de Tenango y Tepexi, que darán fe que el 3 de septiembre, cuando lamentablemente asesinaron al diputado federal, estuve con los habitantes de esta localidad y que la acusación es montada, lo vamos a demostrar con pruebas, evidencias, el tiempo, lugar y modo de la acusación que fabricó la PGJE jamás existió”.

“Que sea una llamada de atención al Congreso para que los cargos de funcionarios de la PGJE que no sean designados a través de la repartición del poder, de la negociación política y no lleguen a esos cargos políticos que confundan la política con la ley y que haya una reforma que quienes ocupen un cargo aparte de ser profesionistas tengan calidad moral, porque tenemos información que no pasaron las pruebas de confianza, se sabía, y en mi caso quedó demostrado que sí pasé la prueba del polígrafo que pedí”, añadió.

Además, sostuvo que hay otras averiguaciones contra el ex procurador Alberto López Rosas, “porque se sabe que desparecieron expedientes de otros delitos muy graves y hemos presentado ante el Congreso que se hagan llegar, de actuaciones de lo sucedido el 12 de diciembre contra los normalistas de Ayotzinapa, para sustentar que ex funcionarios perseguidos por la ley actuaron exactamente como lo hicieron conmigo”.

“Tenemos confianza que vamos a salir bien y nos reservamos el derecho de resarcimiento del daño moral, físico, económico, que no nos devuelvan una disculpa, que no pase de nueva cuenta con una autoridad, porque habrá una demanda, para que quede en evidencia, me satanizaron, siempre dijimos a tiempo, el caso del director de Seguridad, me negaron todo derecho para ser asistido, los propios diputados no leyeron a fondo la consignación y las declaraciones ambiguas”, añadió.

El abogado Xavier Olea dio a conocer que han presentado en el proceso de desafuero 129 pruebas para alegar a favor del alcalde de Tlapa y que esperan que los legisladores determinen que no hay elementos para proceder, “es inviable jurídicamente que procedan”.

“La averiguación previa fue integrada de forma irregular, de cuatro testimonios, tres se han retractado y han dicho que en el momento de firmar su declaración estaban siendo torturados, quienes fueron presentados en su momento por las autoridades de la PGJE”, añadió.

Abundó que quienes se han retractado de sus declaraciones y que sostienen que fueron sometidos a tortura, fueron los primeros dos detenidos por la PGJE, Antonio Jiménez Chino y Florencio Jiménez Chino, quienes habrían acusado a Reyes Ramos de ser el autor material; también el ex director de Seguridad de Tlapa, Francisco Flores Lorenzo, y que el único que sostiene la acusación es el autor material, Juan Miguel Martínez Plácido.

E insistió en hacer un llamado a Herrera Campos, “que ante el sinnúmero de irregularidades como el caso de Willy; como el asesinato del yerno de la activista María Elena Morera y del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa, donde hay una serie de acusaciones de tortura, pruebas fabricadas, chivos expiatorios, que indaguen otras líneas de investigación preexistentes, la PGJE decidió enfocarse a una sola en esos casos y no es válido”.

Por otro lado, Reyes dijo que recibió “ofrecimientos de dos instituciones políticas” y deslizó que se trata del PAN y del PRD para ser candidato en la elección federal o local, pero que no aceptó

Dijo que “todo lo que suene a Willy Reyes le puede pegar al PRI, he pedido que me permitan defenderme, que con mi voto le ayudo a mi partido, voy a terminar el gobierno municipal, entregaré la presidencia, me retiro un rato a atender los asuntos familiares y de mi salud, regresaré a competir dentro de tres años, nunca he operado contra el PRI, ni lo voy a hacer”.

El Sur

 

El asesinato de los normalistas, parte de la lucha de grupos de poder en el estado: FARP

El asesinato de los dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “fue planeado con premeditación, alevosía y ventaja” como consecuencia de la lucha “sorda, legal y encubierta”, desatada por los dos principales grupos de poder “en su intento por seguir manteniendo las riendas en el estado”, dice en un comunicado fechado el 19 de enero, el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).

El grupo armado, sin embargo, no deja claro quiénes son estos grupos, o quiénes los encabezan en la entidad.

“Los golpes bajos, las campañas mediáticas, la cooptación de cuadros, la infiltración y en consecuencia la feroz represión, asesinato, encarcelamiento, torturas y desapariciones que suceden a lo largo y ancho del estado, son parte de lo mismo”, señala en su comunicado enviado ayer.

Advierte, asimismo, que en esta nueva realidad nacional y estatal, “donde todo es aparente caos y confusión, donde los hechos y delitos de carácter político han dejado de tener la trascendencia mediática y política de antaño, todos los actores de la izquierda social están expuestos al riesgo latente de sufrir golpes o agresiones, por parte de los grupos de poder”.

Señala que lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre “tal parece que fue planeado con premeditación, alevosía y ventaja por un grupo de poder que pretende restarle a su adversario legitimidad y capacidad política de maniobra, sobre todo ahora que se avecinan tiempos electorales”.

Cuestiona que la “legítima lucha” de los normalistas sea usada como carne de cañón por parte de estos grupos, pues sostiene que éstos conocen de antaño la reacción que en el movimiento estudiantil y social provocaría “tal acción” (el asesinato de los normalistas), “por lo que, al saber de la movilización, planearon y ejecutaron a detalle sus crímenes a sabiendas del escenario que se generaría en el estado para los próximos días y meses”.

Critica que ante este escenario, del lado de los “altos dirigentes de la administración estatal” no hubo la capacidad de conocer con anticipación lo que se planeaba hacer con la manifestación de los estudiantes y “los hechos se les vinieron encima”.

Las FARP señala además que las autoridades abordaron “de la manera más torpe, burda e insensible” el caso, pues descalificaron a los estudiantes, “queriendo fabricar culpables e intentando el linchamiento mediático”, pero el accionar del movimiento social impidió que se concretara una injusticia más, “culpar a los normalistas de su propia represión, tortura y asesinato”.

Denuncia que en estos hechos hay responsables a través de toda una cadena de mando, “que va desde el o los políticos que decidieron y dieron la orden, hasta los mandos policiacos que la ejecutaron a conciencia y los policías estatales, ministeriales y federales que jalaron del gatillo”.

Y en ese sentido el grupo manifiesta que “es increíble cómo la presente administración estatal sigue conservando intactas las antiguas políticas de seguridad, a sabiendas de que áreas estratégicas de la administración aún son controladas por sus enemigos más acérrimos”.

Agrega que es claro que el viejo grupo de poder no va a permitir que la nueva élite controle, así sea de manera parcial, los procesos de designación de candidatos a diputados federales, senadores, diputados locales y presidentes municipales tanto en el PRI como en el PRD.

El grupo presenta como un dilema si se pide la renuncia del gobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa, pues señala que “de manera natural a quien se beneficia directamente es a la vieja maquinaria, carcomida y parásita de la élite priísta o perredista”.

Pero que, por otro lado, si no se hace, “en automático se fortalece la posición de la presente administración estatal, la cual ha demostrado con creces que no simpatiza para nada con el movimiento social”.

Concluye, en este sentido, que el escenario para la lucha social en el estado y el país “es muy complejo”, pero que los actores de la izquierda “codo a codo” deben marchar siempre al lado de los normalistas de Ayotzinapa, y confía en que “sabrán ubicar de manera inteligente y hábil a los agentes dañinos del presente proceso”.

 

Normales rurales, en pie de lucha

Ángel Aguirre Rivero hizo lo que todos los políticos corruptos practican: sacrificar a sus subalternos cuando él es el responsable de actos indebidos. Por la matanza de dos estudiantes normalistas(Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, yJorge Alexis HerreraPino, de 21) que le exigían al advenedizo gobernador de Guerrero cumplir su palabra y sentarse a discutir el pliego petitorio de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el mandatario local cesó a cuatro funcionarios, luego del violento desalojo de la carretera: al procurador estatal, al secretario y al subsecretario de Seguridad Pública y al director de la Policía Ministerial.

El 12 de diciembre de 2011, un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, había bloqueado la autopista del Sol como una medida de presión en contra de Aguirre Rivero, quien en tres ocasiones había dejado plantados a los jóvenes estudiantes que sólo pedían revisar un pliego petitorio. Irresponsable como es el gobernador guerrerense, de haber recibido a los normalistas de acuerdo con las citas programadas, éstos nunca hubieran ocupado la autopista y ahora nadie se lamentaría por los dos jóvenes asesinados con armas de fuego y las decenas de estudiantes golpeados brutalmente y detenidos.

Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, los dos jóvenes asesinados, y un tercero que se debate entre la vida y la muerte identificado como Édgar David Espíritu Olmedo, son participantes del último modelo de educación socialista emanado de la Revolución Mexicana, del cual también fueron integrantes los líderes guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, alumnos y maestros también de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

El mismo día del homicidio de los dos estudiantes (12 de diciembre pasado), Aguirre Rivero quiso desviar la atención de su responsabilidad en esos crímenes y se valió del despido de funcionarios menores al hacer el anuncio del cese de sus cuatro subalternos de quienes pidió fueran investigados por la Procuraduría General de la República por los disparos y la golpiza en contra de los estudiantes. Con esta acción, el mandatario pretende mantenerse impune y seguir gobernando el estado más pobre del país y el que ha vivido la mayor represión de gobernadores caciques. Recordemos a los gobernadores priístas Rubén Figueroa Figueroa y Rubén Figueroa Alcocer (padre e hijo) que cometieron crímenes y robos en el estado; el último, responsable de la masacre de Aguas Blancas.

En poco tiempo de estar al frente del gobierno de Guerrero, esta agresión policial no es la única acción autoritaria y de abuso de poder de Aguirre Rivero. Hace unos meses quedó al descubierto el nepotismo del gobernador que saltó de las filas del Partido Revolucionario Institucional a las del Partido de la Revolución Democrática, para, convenientemente, convertirse de la noche a la mañana en un burócrata de “izquierda” y disponer del presupuesto público a su antojo. En lo que va de su corta gestión, Aguirre metió al presupuesto público estatal a decenas de parientes (hijos, hermanos, tíos, cuñados y sobrinos), pues sigue creyendo en aquella vieja frase priísta de que “vivir fuera del presupuesto es un error”. Ahora todo en nombre de la “izquierda”.

En una nota del reportero Rogelio Velázquez, publicada en el portal de Contralínea, se explican las justas demandas de los normalistas rurales: una mesa de diálogo con el gobierno estatal y el cumplimiento de un acuerdo adquirido verbalmente por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, en el sentido de ampliar la matrícula de 140 a 170 alumnos y el otorgamiento de 30 plazas de profesores para los egresados de la normal. Esa simple petición ha sido negada por quien pretende continuar al frente del gobierno después de los dos asesinatos.

Uno de los estudiantes participantes en la protesta le dijo al reportero: “Éramos como 400 personas, entre estudiantes y gente de organizaciones sociales. Bloqueamos la autopista porque el gobernador nada más dice que sí, pero no firma nuestro pliego petitorio, el cual tendría que estar firmado antes de que acabe el año [… ]. Llegaron las fuerzas especiales de la Policía Federal para quitar nuestro bloqueo; nosotros estuvimos dialogando con ellos: uno de los policías hizo una llamada, no sabemos a quién; al colgar, dijeron que ya tenían luz verde para hacer lo que quisieran.

“Fue cuando los policías federales empezaron a lanzarnos gas lacrimógeno. Algunos corrimos; inmediatamente después empezaron los disparos a quemarropa; no les importó que hubiera niños y mujeres entre nosotros; los disparos seguían; todos corrimos en diferentes direcciones”. Alcanzados por las balas, los cuerpos de los dos estudiantes cayeron sobre la carretera y las protestas de millones de mexicanos siguen en espera de justicia, igual que hace 100 años.

 

Autor: