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Tlapa marcha el 22 de octubre

Se queja familia de diputado 500 por trato de Centro de Derechos Humanos

Laudencio Villanueva, hermano del fallecido, indicó que a tres meses de confirmado el asesinato, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña no se haya acercado a su familia para manifestarles solidaridad u ofrecerles asesoría.

La familia del extinto diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, manifestó su inconformidad ante la desatención que ha tenido con ellos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que coordina el antropólogo Abel Barrera Hernández.

Laudencio Villanueva de la Luz, hermano de quien también fue conocido como el diputado federal número 500, reprochó que a más de tres meses de confirmado el asesinato de su hermano, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña no se haya acercado a su familia para manifestarles solidaridad u ofrecerles asesoría.

Villanueva de la Luz, señaló que Tlachinollan tiene sus oficinas en la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, ciudad en la que también radica la familia del acaecido representante popular.

Sin embargo, desde que se reportó la desaparición de Moisés Villanueva y su chofer, Erick Estrada Vázquez, para luego confirmarse que se trataba de un doble homicidio, los representantes de Tlachinollan no se acercaron a las familias agraviadas.

Recordó que en el caso del asistente Erick Estrada, la familia es de muy escasos recursos y en su momento requirió apoyo jurídico y moral, sobre todo por el hostigamiento que sufrieron a partir de los señalamientos que la esposa, Anahí Morán Gálvez dirigió en contra del alcalde del lugar, Willy Reyes Ramos por su presunta participación en el crimen como autor intelectual.

“La verdad estamos muy sentidos con Abel Barrera, director de Tlachinollan porque nunca se acercó ni siquiera para dar el pésame a las familias, así como tampoco se ha solidarizado con nuestra petición de justicia”, apuntó Villanueva de la Luz.

Recordó que Tlachinollan abandera muchas causas en las que se involucra la petición de justicia, pero en el caso del diputado 500 y si chofer, hasta el momento se ha quedado completamente al margen.

Al borde del precipicio

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Este 1º de octubre de 2011 se cumple un año en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) notificó las sentencias de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú al Estado mexicano. En las dos sentencias la Corte concluyó que Inés y Valentina (dos mujeres indígenas del pueblo me’phaa) fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que la Corte denominó como “violencia institucional castrense”.

Estas dos sentencias establecen 16 resolutivos en el caso de Inés y 17 para el caso de Valentina, que incluyen medidas de reparación, reformas al Código de Justicia Militar, reconocimiento público de responsabilidad, investigación en el fuero civil, sanción efectiva a los responsables, implementación de mecanismos efectivos de acceso a la justicia para mujeres que son víctimas de violencia, entre otros.

Para el cumplimiento de estas sentencias, se ordenaron los resolutivos en ejes temáticos, para un tratamiento más apropiado a través de la instalación de mesas de trabajo. El Estado mexicano aceptó esta propuesta y fue hasta el 15 de marzo del presente año cuando asumió el compromiso de dar cumplimiento a los extremos de estas dos sentencias.

La realidad es que las autoridades han faltado a su compromiso ante las víctimas y de cara a la Corte Interamericana. A pesar de que hemos tenido varias reuniones con la Secretaría de Gobernación no existe ningún resolutivo cumplido. Todo ha sido una disputa permanente entre las víctimas con los representantes gubernamentales, quienes por la vía de los hechos, se han empeñado en regatear y escatimar lo ordenado por los ministros de la Corte.

La falta de voluntad política por parte de las autoridades federales y estatales, es el mayor obstáculo para avanzar en el cumplimiento de las sentencias, no sólo  las de Inés y Valentina, sino también la de Rosendo Radilla, y el caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabreara y Rodolfo Montiel, que tienen como denominador común, la participación del Ejército mexicano en casos de desaparición forzada, violaciones sexuales y torturas cometidas a indígenas y campesinos en el estado de Guerrero.

Este incumplimiento se ha traducido para las víctimas en una mayor prolongación de su sufrimiento, de vivir en la zozobra y bajo amenazas, y de permanecer en la total indefensión, ante el desprecio de las autoridades por la vida y la dignidad de quienes alzaron la voz para que en México haya justicia. Percibimos una deliberada acción retardataria de los funcionarios que se especializan en postergar la justicia y en hacer sentir su poder.

Al gobierno no le importa el drama que enfrentan Inés y Valentina para mantenerse en pie y luchar por su sobrevivencia. No les interesa que sus hijos e hijas tengan dificultades para continuar con sus estudios, tampoco les preocupa su estado de salud. Hasta la fecha las autoridades se han negado a registrarlas dentro del Seguro Social, apelando argucias meramente burocráticas que encubren su desinterés y trato discriminatorio a las dos mujeres me’phaa.

A pesar de que el 12 de agosto de 2011 la Procuraduría General de Justicia Militar, notificó por escrito a Inés y Valentina que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometidas por elementos del Ejército mexicano fueron remitidas a la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación manifestó en una mesa de trabajo, que no tenía ninguna información sobre esta remisión de los expedientes al fuero civil. Se atrevieron a decir que sólo sabían lo que se había publicado en la prensa por parte de los representantes legales de Inés y Valentina. Hasta el momento no ha sido posible conocer el estado que guardan estas investigaciones a causa de esta actitud apática y meramente burocrática del personal de la Secretaría de Gobernación quienes hasta la fecha no han podido agendar una reunión con la Procuraduría General de la República.

Mientras tanto Felipe Calderón aseguró ante el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, Rodrigo Escobar Gil, que tiene el compromiso de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana, como parte de su responsabilidad con quienes han visto vulnerados sus derechos humanos. La retórica del gobierno es la que más daña a la población que ha sido víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, porque lo que se busca es alcanzar un efecto mediático ante los actores internacionales en detrimento de la población que sufre los estragos de la impunidad y la violencia.

Por su parte el relator de la CIDH al presentar este fin de semana sus conclusiones sobre la visita a México, manifestó que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que están afectando gravemente a miles de personas, sin que el gobierno se preocupe por implementar mecanismos de investigación y búsqueda eficientes. Condenó la militarización de la seguridad pública, la persistencia del arraigo que violenta los derechos humanos porque de facto es una privación ilegal de la libertad y al mismo tiempo recriminó el poder que ostentan los grupos de la delincuencia organizada y la aparición de grupos paramilitares que representan un grave peligro, pues lo único que está generando es una violencia imparable de consecuencias imprevisibles.

En Guerrero los casos de desaparición forzada, secuestros y extorsiones son el pan de cada día, para todas las familias que padecen el flagelo del crimen organizado. La tragedia forma parte de la cotidianidad y nadie de los que sufren agravios se atreve a denunciar los hechos porque sabe que les depara un desenlace fatal. Para las autoridades esta es una realidad ajena y lo constatamos en la información oficial que se propala en todos los medios de comunicación. Lo que abunda es propaganda fútil, toda encaminada a disputar las candidaturas para el 2012. ¿Quién realmente paga toda esta banalidad? ¿A quién le endosan los políticos esta factura de sus ambiciones políticas? ¿Por qué se obstinan en que los miren y no se preocupan en mirar y atender los graves problemas de la violencia y la inseguridad?

Mientras la clase política no ponga en el centro de sus preocupaciones los problemas más álgidos que enfrenta la sociedad guerrerense seguirán sumidos en la frivolidad, en la  lucha facciosa por el poder, en el manejo turbio sobre lo que realmente sucede en nuestro estado respecto a la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad. Seguirán siendo los políticos que la gente detesta porque todo lo miran desde el ángulo de la rentabilidad política. No hay empatía con la sociedad, más bien predomina la mutua aversión y el mismo lenguaje es hueco e intrascendente.

La población ha perdido la confianza en sus representantes. Esta democracia representativa está en crisis, no vela por los interese de los ciudadanos y ciudadanas, no defiende los derechos de quienes se sienten amenazados y discriminados. No son capaces de sacrificar su ego en aras de transformar este sistema de privilegios que sólo acrecienta la violencia y la desigualdad social.

En varios casos las autoridades han colmado la paciencia de la población porque no cumplen con sus compromisos y echan por la borda cualquier acuerdo. El caso de los cinco pueblos de Tecoanapa es un ejemplo contundente de cómo se traiciona la palabra empeñada y se permite que los grupos de poder impongan su ley bajo formas que rayan en la violencia y que son toleradas por las mismas autoridades. En esta misma tesitura está el conflicto que enfrenta la OPIM en la comunidad de El Camalote municipio de Ayutla, donde las autoridades municipales y estatales han permitido que una familia de caciques violente la ley al cerrar por la fuerza la comisaría e impedir que el comisario legalmente elegido desempeñe normalmente sus funciones. Las autoridades se hacen cómplices de estos actos impunes y dosifican de manera perversa los conflictos para sobrellevarlos, sin importar resolverlos de fondo y de esta manera garantizar cierto grado de gobernabilidad.

El mismo acuerdo con los maestros corre el riesgo de diluirse por las visiones encontradas en torno al grave problema de la inseguridad y los riesgos funestos que está causando daños irreversibles a nivel personal, familiar, institucional y comunitario. Lo que está en juego es la vida, la seguridad y el patrimonio de maestros y maestras, de padres y madres de familia, y de toda la niñez.

Es la sociedad que se organiza la que está arriesgando todo y poniendo el ejemplo a las autoridades sobre cómo encarar con valor y determinación los problemas de la violencia y la inseguridad. Lo que menos se le puede pedir a quienes ostentan el poder es que escuchen a la población agraviada, que respeten sus iniciativas, las impulsen y se nutran de esta fuerza transformadora. Las diferentes manifestaciones y protestas no tienen otro fin más que salir de este encharcamiento de sangre, y contribuir en el cambio que necesitan las instituciones y el mismo sistema político. Porque así como vamos está claro que estamos al borde del precipicio.

Represión a Tlachinollan y a Abel Barrera

LA CARA REPRESIVA

Se dio a conocer recientemente que el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el abogado de ese mismo centro, Vidulfo Rosales Sierra, tienen iniciadas sendas averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia de la entidad, sin que hasta el momento se conozcan las razones ni los hechos que se les imputan.

Pero Abel Barrera no es cualquier personaje. Es el guerrerense que mayor trascendencia internacional ha tenido en la defensa de los derechos humanos, de manera particular aunque no únicamente, en la zona indígena de La Montaña. Barrera y Rosales pertenecen a su vez a la ONG que mayor trascendencia ha tenido en los últimos años; su participación en temas como la defensa legal de opositores a la presa La Parota; de los integrantes de la OPIM encarcelados; de las indígenas de Ayutla violadas por militares, entre otros, ha cambiado el rumbo que tenían esos procesos y ha obligado al instituciones como El Ejército, y el Ejecutivo estatal a contener sus acciones.

La indagatoria en su contra es notable porque ocurre cuando Guerrero tiene un gobierno impulsado por la izquierda y cuyo titular se reclama izquierdista, aunque provenga del PRI, partido en el que militó 30 años. Y se suma a la reciente captura del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui.

Lo que ya no encaja muy bien es la revisión al pasado. Durante el primer período en que Aguirre gobernó Guerrero, hubo una selectiva y sistemática persecución a líderes sociales. El entonces diputado local Ranferi Hernández Acevedo tuvo que exiliarse en Francia; Bertoldo Martínez Cruz, del FODEG y Benigno Guzmán Martínez, de la OCSS, fueron encarcelados; Gregorio Alfonso Alvarado López, del Movimiento 500 Años de Resistencia Indígena, fue desaparecido y hasta la vez se ignora su paradero; y Abel Bueno León, periodista, fue asesinado y quemado vivo. Durante ese período ocurrió la matanza de El Charco, y devino la secuela de persecución a indígenas de Ayutla, que aún no concluye; y se aplicó esterilización forzada a indígenas de El Camalote.

Es curioso, parece que el gobierno tuviera dos manos: una que soba con la izquierda, y otra que golpea duro con la derecha.

Fuente: La Jornada Guerrero

Guerrero, en uno de los momentos de mayor violencia en su historia reciente: Tlachinollan

El Ejército mantiene la lógica de imponer el orden por la fuerza y la izquierda “sólo gobierna en el papel”

Chilpancingo, Gro., 10 de septiembre. Guerrero se encuentra sumergido en uno de los momentos de mayor violencia en su historia reciente, en que las desapariciones, el despliegue del crimen organizado y la connivencia de las corporaciones policiacas con prácticas delictivas han dejado inerme a la sociedad, que se enfrenta a una situación compleja, sostiene Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan.

Paralelamente, el Ejército –inmerso en labores de seguridad pública– mantiene la lógica de imponer el orden por la fuerza con un escaso contrapeso social para hacer frente a sus excesos.

En este contexto, Barrera considera que el desempeño de los defensores de derechos humanos se ha tornado mucho más complicado, porque ya no es sólo un frente de abusos, sino tres o cuatro donde es difícil definir si los secuestros, desapariciones o violaciones de las garantías fundamentales son cometidos por el crimen organizado o es una colusión con las corporaciones policiacas para realizar el trabajo en cuestión, en detrimento de una sociedad guerrerense temerosa.

Para el activista, la izquierda en Guerrero sólo gobierna en el papel y el discurso, porque en el fondo se mantienen la corrupción, los cacicazgos y los abusos. Hay un patrón de violencia, impunidad y violaciones a los derechos humanos muy preocupantes. Como defensores de las garantías vivimos una ilusión frustrada de luchar porque la situación mejore, mientras las condiciones se van deteriorando sustancialmente.

Cita el caso de los mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce, asesinados en 2009 luego de que presuntos elementos policiacos se los llevaron de un acto público.

La Procuraduría General de Justicia del estado negó en su momento los hechos y no emitió declaración por desaparición forzada. Ocho días después aparecieron asesinados.

Barrera subraya que las desapariciones forzadas se han incrementado en Guerrero, favorecidas por la colusión entre el crimen organizado y las corporaciones policiacas que hacen difícil delimitar responsabilidades. Esta situación en la entidad –agrega– se asocia con una violencia que data de décadas. En realidad, las difíciles condiciones de derechos humanos han tenido un curso ondulante desde los años de la guerra sucia, mientras por otro lado persisten la pobreza y marginación de las comunidades.

“No es casual –enfatiza– que cuatro de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano se refieren a sucesos de Guerrero, entre ellos la desaparición de Rosendo Radilla en los 70, o más recientemente el caso de los campesinos ecologistas de Tepetlán o de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por elementos del Ejército.

Esta es parte de una historia difícil y compleja de la entidad, que también ha vivido episodios como la masacre de El Charco y el incremento sustancial de la violencia que ya no sólo golpea a luchadores sociales, sino que ahora se dirige a la sociedad en conjunto mediante la generalización de prácticas delictivas.

Todo ello, mientras en el estado se impulsa una reforma que pretende depurar las corporaciones policiacas, lo que –auguró Barrera– difícilmente traerá cambios. Eso es lo grave, porque la operación del crimen organizado se vincula con el manejo turbio y perverso que tiene que ver con el aparato de seguridad, concluye.

Periódico La Jornada Domingo 11 de septiembre de 2011, p. 7