La cruzada contra los pueblos que luchan por la justicia y la seguridad Centro de Derechos Humanos de La Montaña

Ahora resulta que el Ejército mexicano formará parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el principal programa del presidente Enrique Peña Nieto, comandado por Rosario Robles, ex presidenta nacional del PRD. El pasado martes 13 de agosto, en la comunidad de la Soledad, municipio de Tlapa, al poner en marcha el programa nacional de comedores comunitarios y brigadas médicas, la secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció pomposamente que el Ejército se encargará de instalar 500 comedores comunitarios en las regiones de La Montaña y Costa Chica de Guerrero. Hace varias semanas habitantes de Cochoapa El Grande informaron de la llegada del Ejército, que acompañó a personas desconocidas para que hicieran trabajos exploratorios en varias partes de su territorio. Durante su estancia ofrecieron servicios de peluquería y diversos apoyos para las comunidades. Recientemente han entrado a los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Luis Acatlán y Tlapa para encargarse de la instalación de los comedores comunitarios y realizar su típica labor social.
Amparados en su Plan DN-III-E que es un plan de auxilio a la población civil en casos de desastre, el Ejército incursiona en los territorios indígenas no sólo con el pretexto de combatir la siembra de estupefacientes, sino para instalar cocinas comunitarias. Para las autoridades federales que se han mostrado sumamente duras al aplicar la ley a los grupos de la Policía comunitaria de las casas de Justicia de San Luis Acatlán y Ayutla y a los policías del Sistema de Seguridad Ciudadana pertenecientes a la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), sin ningún rubor utilizan al Ejército para que realice funciones que no son de su competencia, y que responde más bien a una estrategia militar de contrainsurgencia y contención social.
En momentos de crisis, cuando la estabilidad política del régimen está en riesgo y ante el malestar ciudadano que se empieza a generalizar a causa de la violencia y la inseguridad, las autoridades civiles, en lugar de atender las demandas sociales e impulsar cambios de fondo en las políticas públicas y al interior de las mismas instituciones, lo que hacen de manera recurrente es enconcharse y defenderse, usando el aparato represivo del estado para atemorizar a la población e impedir que se organice y logre los cambios que se requieren.
La alianza que han establecido la Sedesol y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI) con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para emprender las primeras acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, nos muestra el verdadero talante de la acción gubernamental; su interés primordial no es abatir el hambre (como ha sucedido durante varios sexenios), sino contener la organización comunitaria autónoma; impedir que las comunidades ejerzan sus derechos, independientemente de que el marco constitucional no los reconozca, y en el caso extremo desarticular cualquier forma de organización que sea calificada por sus órganos de inteligencia, como subversiva.
El diagnóstico que manejan las autoridades no sólo es el del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) o las estadísticas del INEGI, sino los informes secretos que pululan sin ningún rigor metodológico entre los informantes de la Sedena, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Gobernación Federal, estatal y los cuerpos policiacos. El problema de la pobreza no se mira con los ojos de la justicia social, la igualdad y la equidad. No se buscan atacar las causas de la injusticia, que son estructurales y que tienen que ver con el modelo económico imperante y con el diseño de las políticas diseñadas para combatir la pobreza, que en los hechos la han multiplicado, sino sólo se trata de paliar y amortiguar los estragos de este flagelo, de contener el malestar social, de fortalecer los lazos de dependencia económica de los programas asistenciales, de fragmentar y debilitar los procesos organizativos autónomos y mantener una gobernabilidad a base de dádivas.
Para el capitalismo, la justicia social es un sueño irrealizable porque, por definición, la acumulación capitalista implica monopolio y concentración de la riqueza a cambio de la exclusión social y económica de millones de personas pobres que no están llamadas a vivir en este reino donde manda el capital. El Estado como sistema que regula el orden social se ha puesto al servicio del gran capital y por eso las nuevas reformas constitucionales que los representantes de los principales partidos políticos están impulsando, se orientan a reforzar la acumulación de capital con la privatización de los recursos estratégicos, que en otras décadas hicieron de México un país soberano.
La economía capitalista es intrínsecamente inestable porque a cualquier costo económico, social y humano requiere de ganancia crasa a la máxima potencia, de lo contrario se colapsaría, como está sucediendo en varios países europeos. En México los gobernantes formados en los centros académicos del neoliberalismo están aplicando  todas las directrices impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC),  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que actúan como los policías políticos del gran capital y los que condicionan los recursos financieros a cambio de la implementación del ajuste estructural que requiere la trasnacionalización del capital.
Bajo esta égida neoliberal, la población pobre de los países periféricos no están contemplados dentro de los planes de desarrollo capitalistas. Sería inviable para este sistema integrar a millones de personas que carecen de todo para que sean competitivos en el mercado internacional. Además esta no es la meta porque el mercado es para los que tienen poder adquisitivo y capacidad competitiva, las grandes mayorías están para generar la riqueza de las elites y para ello se necesita, por una parte, implementar programas que ayuden a reproducir la fuerza de trabajo que requiere el mercado y, por la otra, el Estado no puede abdicar o desentenderse de su población porque entonces socavaría su propia existencia y destruiría el sistema económico imperante. Para ello se necesita generar una política de subsidios que haga menos tortuosa la sobrevivencia. No sólo se busca mantener vigente el modelo, sino también fortalecer una red de lealtades políticas que le permita a los gobernantes generar clientelas políticas que se transformen en su bastión y su fuerza para reafirmarse en el poder.
Esta desnaturalización del Estado ha generado una monstruosidad en el manejo de la cosa pública, porque la clase política no sólo se somete a las directrices de los organismos financieros internacionales, sino que se asumen como los sepultureros de los pobres, los embaucadores de programas que no atacan de fondo la pobreza endémica propiciada por los mismos programas antipobreza, que ellos diseñan y con los que se ha enriquecido la clase política vetusta.
La presencia del presidente Enrique Peña Nieto, acompañado del presidente de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, el pasado 17 de julio en el municipio de Apango, para relanzar la Cruzada contra el Hambre, nos habla no del interés genuino, sino de su preocupación sobre lo que pasa en Guerrero. De lo que sucede en las comunidades rurales, donde la pobreza las ha colocado en los primeros lugares a nivel nacional comparadas con países del Africa Subsahariana, y donde se están dando procesos de organización comunitaria que han desplazado a las autoridades municipales y a los cuerpos de seguridad, por estar coludidos con el crimen organizado y por estar sumidos en el pantano de la corrupción.
La alerta roja está puesta en Los Pinos porque las comunidades siguen adelante con sus sistemas de seguridad comunitarias tanto en la Costa Chica como La Montaña. Históricamente saben que son regiones indómitas, donde han surgido movimientos que han derrocado gobiernos y que han puesto en jaque a las fuerzas represivas del Estado. A pesar de que han pasado décadas con lo que sucedió en los años obscuros de la Guerra Sucia, los gobiernos caciquiles siguen obstinados en continuar con sus prácticas rudimentarias de amagar a la población que se organiza y protesta, y de darle limosna a las comunidades cooptando a sus líderes a través de cargos y prebendas, con el fin de domesticar a una población que ya no está dispuesta a tolerar a autoridades corruptas y a permitir que las corporaciones policiacas sigan siendo los protectores de la delincuencia organizada. Las comunidades indígenas y campesinas de la Costa Chica y La Montaña han conformado sus sistemas de seguridad comunitarias para restablecer el orden perdido, para hacer valer la ley y para demostrarle a las autoridades que si no cambian en su manera de actuar y de ejercer el poder, la población los tendrá que llamar a cuentas.
La operación emergente de programas nacionales enmarcados en la Cruzada contra el Hambre es para ayudar a contener este despertar de las comunidades dispuestas a ejercer sus derechos. Son anuncios espectaculares que hacen los funcionarios federales pero que no cuentan con los fondos necesarios que se requieren, porque están esperando que se aprueben las reformas energética y hacendaria para que de ahí salga el dinero que se destinará a subsidiar a la población pobre que por otra vía, va a ser esquilmada. Para que esto funcione, sobre todo en un esquema de contención social y de guerra de baja intensidad, es imprescindible incorporar al Ejército en la guerra contra el hambre, que de acuerdo con la experiencia vivida en Guerrero es una reedición de la guerra contra los pobres, contra los pueblos que ahora luchan por la justicia y la seguridad comunitarias.

Publicado el 19 agosto 2013 en Opinión y etiquetado en , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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