Archivos Mensuales: enero 2012

Irrumpen militares y policías en Tototepec, Tlapa, en ausencia de su Policía Comunitaria

Autoridades comunitarias de Tototepec, localidad ñu savi de Tlapa, solicitaron a los responsables de una incursión militar y de policías municipales efectuada el sábado, informar el motivo de la misma, “al estar en tiempo de paz y regidos bajo el sistema de impartición y procuración de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Policía Comunitaria.

En otra información, el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, criticó las declaraciones de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado, “por autorizar a las empresas mineras servirse de los recursos naturales y minerales”. Asimismo anunció su adhesión a la marcha en honor al aniversario luctuoso del comandante y maestro Genaro Vázquez Rojas el próximo 2 de febrero.

El comisario municipal de Tototepec, Alfonso Montalvo León, el delegado de la colonia Centro, Alfredo Maldonado Salazar, el delegado de la colonia San Miguelito, Leobardo Álvarez y algunos habitantes de la localidad, denunciaron que el sábado mientras la Policía Comunitaria se encontraba en el Encuentro Estatal de Pueblos organizado por la UPOEG, aproximadamente 20 militares y 12 policías municipales arribaron a la comunidad donde permanecieron un par de horas.

Los representantes exigieron una explicación a mandos militares y al alcalde de Tlapa Willy Reyes Ramos, ¿quién lo solicitó y quién autorizó? “no tenemos problema con el Ejército, queremos un ambiente de respeto entre instituciones que haya coordinación, que se dirijan al comisario cuando acudan”, señalaron.

Calificaron el hecho como una acto de provocación y amedrentamiento que afecta al sistema de usos y costumbres. Al edil Reyes Ramos le pidieron explicar el motivo o el porqué acudió la municipal cuando ya no es requerida, y recordaron que cuando le pidieron apoyo lo negó argumentando que estarían fuera de la ley, “no queremos que haga estas acciones, lo que le toca son otras cosas como la conclusión de la red de agua potable”.

En la comunidad existe una persona que al parecer busca instalar una delegación alterna a la de la colonia Centro. Tototepec cuenta con dos anexos, San Miguelito, adscrito a la Policía Comunitaria y Jilotepec.

Representantes comunitarios, cuestionados acerca del ¿porqué se manifestó un grupo como CRAC en apoyo al diputado local Javier Morales Prieto durante su tercer informe de actividades, explicaron que acudieron tras una invitación a manera de agradecimiento al diputado local quien en calidad de servidor público los ha apoyado con uniformes, gasolina y un recurso por 50 mil pesos para la compra de un vehículo, pero se deslindaron de la manta donde se nombraba a la CRAC, “fue una decisión desde la comunidad acompañar al diputado, no de la CRAC, nos deslindamos de la manta que llevaba algunas imprecisiones y fue dada al no contar con una”.

Agregaron que el alcalde de San Luis Acatlán, Vicario Portillo los apoyó con radios pero que en la localidad buscan recurso sin ver intereses de partidos, “también se les ha convocado a gente que radica en Estados Unidos para que apoyen, algo que el alcalde a pesar de tener un recurso destinado a Seguridad Pública no ha hecho”.

La CRAC, criticó la postura dada a conocer en la prensa de la Sedeco estatal, “al referirse a los pueblos que reclaman su derecho a la defensa del territorio como opositores e ignorantes al declarar que desconocen los beneficios que traerá la minería”.

En un comunicado, reiteran que están equivocados al pensar que los pueblos quieren negociar con las empresas o el gobierno, ratifican que la decisión al respecto fue tomada hace tiempo y es “la lucha por la defensa de nuestras tierras, territorios y los recursos naturales de nuestros pueblos”.

En esa línea, exigen al gobierno federal la cancelación de las concesiones otorgadas a diversas empresas de capital trasnacional y el derecho al respeto de la decisión como pueblos amparados en el derecho nacional e internacional que los asiste.

La CRAC llama a las organizaciones sociales, productivas, gremiales y pueblo en general, a participar en la movilización que se realizará el 2 de febrero con motivo de conmemorar el 40 aniversario luctuoso del luchador social Genaro Vázquez Rojas, al estar incluidos en dicha manifestación y suspender los actos previstos como CRAC en San Luis Acatlán, donde nació y actualmente yace el comandante guerrillero que inspira sus luchas actuales.

Agregado al punto del no a la minería en territorio comunitario, lo que implica la cancelación inmediata de las concesiones de exploración y explotación minera otorgadas de manera ilegal a trasnacionales violando el derecho a la consulta previa, libre e informada, la coordinadora reitera la solidaridad incondicional con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa para que se haga justicia y se castigue a los responsables del asesinato de los estudiantes que buscaban mayor presupuesto para la “histórica Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos” y presupuesto a la educación en general en Guerrero,

También, se manifestarán por la construcción con participación ciudadana de un nuevo modelo de seguridad y justicia que implica la creación de otros cuerpos de policía y seguridad en las que los pueblos, colonias y barrios puedan nombrar, vigilar y proteger sus propios policías tal como se ha hecho en La Montaña y Costa Chica desde hace más de 16 años.

Fuente: El Sur

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Lanzan alerta migratoria sobre 3 ex gobernadores

Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma, los tres últimos gobernadores de Tamaulipas, están bajo la lupa de las autoridades federales. Y en la antesala de la contienda electoral 2012, se emitió un oficio para obligar a los aeropuertos a informar sobre cualquier viaje que realicen ellos y 46 familiares, funcionarios, empresarios y colaboradores tamaulipecos. ¿Nuevas indagatorias, viejos expedientes o golpe político?

Los nombres de los priistas Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma, fueron incluídos esta semana en una alerta girada por el gobierno federal a distintos aeropuertos mexicanos.

El oficio fechado el pasado 13 de enero, bajo la referencia CGA/595/2012, es firmado por el agente del ministerio público federal David Juárez Mora. Pero el documento apenas fue remitido y conocido la semana pasada en las sedes aeroportuarias.

De acuerdo a reportes de seguridad e inteligencia nacionales y extranjeros, los tres ex gobernadores de Tamaulipas habrían sido incluídos en una averiguación previa de la Subprocuraduria de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), adscrita a la Procuraduría General de la República.

Fuentes consultadas revelaron que el oficio exige a los funcionarios aeroportuarios dar aviso a las autoridades sobre el tránsito de los tres políticos priistas y de 46 personas más.

Se demanda que den aviso sobre cualquier vuelo nacional o al extranjero que realicen a partir de ese momento, e incluso se pide el reporte de los vuelos que habrían hecho los personajes en los 90 días anteriores al exhorto.

El listado incluye a familiares de los ex gobernadores, funcionarios de sus administraciones, empresarios presuntamente afines a sus intereses e incluso algunos comunicadores tamaulipecos.

La alerta no define los términos de la averiguación, pero se presume que podría está vinculada a distintas denuncias presentadas entre 1998 y 2011.

Esas denuncias van desde señalamientos por corrupción en el ejercicio de la función pública, hasta presunción de vínculos de los ex mandatarios con actividades ligadas al crimen organizado.

Y a menos que se revelen nuevas indagatorias que obliguen al exhorto, hay quienes advierten que la desempolvada de viejos expedientes podría ubicarse en la antesala al primer golpe politico contra el PRI y que podría terminar de influir en la elección presidencial de 2012.

Uno de los tres ex gobernadores, Manuel Cavazos Lerma, venía fungiendo como secretario de Acción Electoral del PRI bajo la era Peña Nieto. Y ahora es uno de los candidatos insignia por Tamaulipas al Senado de la República.

Durante las últimas dos décadas Tamaulipas se convirtió en el estado sede del Cártel del Golfo, una de las más poderosas organizaciones del crimen organizado que gestara Juan García Abrego, fortaleciera Osiel Cárdenas Guillén y terminara dividido y confrontado con su brazo operador que fueron Los Zetas.

Fuente: Reporte Indigo

Retiene PGR 25 mdp de Veracruz; cae tesorero

Tomás Ruiz, titular de Finanzas estatal, alega que el efectivo es para pagar “spots”.

La Procuraduría General de la República retuvo 25 millones de pesos que pertenecen al gobierno de Veracruz y que aseguró cuando dos funcionarios de esa entidad —libres bajo la reservas de ley— los trasladaban a Toluca, lo que ya provocó la renuncia del tesorero del gobierno de Javier Duarte, Vicente Benítez González.

La dependencia federal informó que dichos recursos no serán devueltos “hasta no confirmar si tienen un origen lícito”, por lo que ya solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores rastrear de dónde proviene.

El efectivo, señaló la PGR, fue detectado por la Policía Federal el viernes pasado tras la llegada de los funcionarios de Veracruz al Aeropuerto Internacional de Toluca.

El servidor Miguel Morales Robles transportaba el dinero en una maleta y en una mochila de viajero, pero fue detenido al descender de la aeronave matrícula XC-CTL, del gobierno de Veracruz, procedente del aeropuerto de Xalapa.

“Portaba una maleta (Miguel Morales) y una mochila que tenía en su interior la cantidad de 25 millones de pesos en efectivo y (se detuvo) al otro (Saíd Sandoval Zepeda, del equipo de seguridad del gobernador Javier Duarte) cuando se presenta a las instalaciones de Policía Federal, pidiendo que se le entregue el dinero y a su compañero”, detalló la representación social de la Federación.

La PGR mencionó que los detenidos argumentaron que el dinero pertenece al estado y presentaron documentos que “supuestamente amparaba” el transporte de recursos, que se presume son del gobierno estatal.

El oficio estaba firmado supuestamente por el subdirector de Operación Financiera de la Tesorería Estatal, en el que se indicaba la transportación del dinero, pero no su origen ni destino. Dicho documento no presentaba sellos oficiales.

“Para verificar lo anterior, se solicitó información a la CNBV, que permita corroborar el origen de los mismos”.

Según estas versiones, los funcionarios detenidos argumentaron que la suma era para pagar a una empresa con sede en el DF que participará en la Feria de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín.

La oficina de Duarte insiste en que los recursos son legales y estaban destinados a la empresa Industria 3, SA de C V, por el pago de servicios culturales para el Festival de la Candelaria, el Carnaval y la Cumbre Tajín.

La vocera del estado, Gina Domínguez, reconoció que se trata de una situación poco común, pero aseguró que no se incurrió en ningún delito.

Tomás Ruiz, secretario de Finanzas de Veracruz, aclaró en entrevista con Joaquín López-Doriga que “ya pudimos comprobar ante la PGR que se trató de una operación licita, sin ningún afán de ocultamiento ni de falta de transparencia. Se trasladaron valores por un funcionario autorizado, con un oficio de comisión, y efectivamente se transportaron 25 millones de pesos y que en ningún momento, insisto, se ocultó, el origen y el destino de los recursos, de ahí que se haya liberado a estas personas.”

De hecho, aclaró que es el pago correspondiente al proveedor que está vinculado con logística del prestador de servicios, que van desde distintas locaciones, contratación de artistas, modelos, extras, más de 350 spots institucionales y promocionales de Veracruz, con una duración de entre cuatro y cinco minutos, y la filmación de todo esto requiere una dispersión de recursos de viáticos.

Sin embargo, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que los 25 millones de pesos retenidos son para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña, aunque no aportó algún elemento concreto.

En tanto, a nombre del PAN, Juan Molinar Horcasitas, secretario de Acción de Gobierno del partido, calificó de absurda la versión oficial del gobierno de Veracruz de trasladar en avión oficial 25 millones de pesos para el pago en efectivo a cualquier proveedor.

El senador del PAN Juan Bueno Torio acusó a Javier Duarte, de financiar la campaña del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, con recursos públicos.

– Claves

La empresa confirma

• A través de un comunicado, la empresa Industria 3 SA de CV confirmó que el gobierno de Veracruz pagaría 25 millones de pesos por concepto de servicios en tres actos culturales en la entidad, pero, desconocía cómo se realizaría la negociación.

• “Las formas que se establecieron para el pago por el monto previsto en el contrato fue entre otras transferencia electrónica o en efectivo tal como se desprende en la cláusula tercera del contrato”, señala el documento.

Fuente: MIlenio.

Denuncian extorsión de policías contra artesanos de Tlapa

La Procuraduría General de Justicia iniciará una investigación contra los policías ministeriales adscritos a Tlapa.

El grupo de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) adscrito a Tlapa de Comonfort fue acusado de extorsionar a modestos artesanos de palma, por lo que en breve, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) podría iniciar una investigación contra sus propios elementos.

Enrique Herrera Gálvez, diputado por la Montaña de Guerrero, denunció que los artesanos que se dedican a la elaboración de artesanías hechas a base de la palma, recurrentemente son detenidos y extorsionados por el grupo de policías ministeriales adscritos a Tlapa.

Los agentes señalan a los agraviados que incurren en un delito ambiental, pero no los canalizan al Ministerio Público Federal como corresponde, sino que los liberan previo pago de una cantidad de dinero.

“Los extorsionan con prepotencia y abuso de autoridad”, apuntó el representante popular.

Herrera Gálvez indicó que la situación es lamentable, ya que los ingresos que obtienen de la venta de sus artesanías, apenas sirve para que los indígenas de la zona puedan subsistir.

Esa conducta debe sancionarse, ya que se trata de elementos que pertenecen a un cuerpo armado encargado de perseguir delitos, que no tiene facultades para interceptar a los ciudadanos sin la existencia de una orden del Ministerio Público o juez.

“La verdad es que debe marcarse un alto a la autoridad como la policía ministerial destacamentada en Tlapa, sus elementos deben dejar su conducta dolosa, ya que se aprovechan de la situación precaria de nuestros artesanos”, indicó.

Comentó que una docena de sombreros de palma apenas si representan un ingreso de 48 pesos, ya que por cada pieza se les pagan 4 pesos.

En un día, cada artesano elabora por lo mucho tres sombreros, lo que no garantiza la manutención de una familia.

Por eso llamó al director de la PIM y al encargado de despacho de la PGJ, Juan Manuel Herrera Campos para que tomen nota de la denuncia y procedan a realizar la investigación correspondiente.

Recordó que de acuerdo a la Constitución, es deber de las autoridades establecer políticas públicas que permitan un aprovechamiento racional de los elementos naturales, de tal manera que sea compatible el entorno natural con el desarrollo humano.

Conminó a las autoridades a capacitar a los artesanos en la explotación racional de sus recursos naturales, pero no convertirlos en víctimas constantes de la extorsión.

Claman justicia por otra víctima de militares

A dos años de los hechos, familiares de Bonfilio Rubio insisten que responsables sean juzgados por autoridades civiles

Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua, regresó a México para que lo matara una bala del Ejército. Eso fue en junio del 2009, en un retén militar. Desde entonces su familia busca justicia y lucha porque la investigación se realice en un juzgado civil y no en el fuero militar, donde se encuentra ahora.

La investigación por la muerte de Bonfilio comenzó en un juzgado civil, pero éste declinó su competencia y envió el expediente al fuero militar. En diciembre pasado, la familia de Bonfilio ganó una sentencia de amparo para que el expediente regrese a las manos de un juez civil. El Ejército se resiste a dejar el caso.

El 28 de diciembre de 2011, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) presentó un recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo. En él argumenta que el caso debe continuar en el fuero castrense, porque no es una violación a los derechos humanos, ya que “en ningún momento el Estado ordenó directamente que se privara de la vida a Bonfilio Rubio”.

Para el Ejército —de acuerdo con en el recurso de revisión—, “la violación de los derechos humanos de los civiles se da cuando el Estado realiza una acción tendiente a socavar, transgredir o reprender de manera deliberada a un individuo o grupo de individuos, expresándose en detenciones arbitrarias, muertes, incomunicaciones, detenciones con desaparición, torturas, malos tratos”.

En el caso Bonfilio, señala la PGJM, no se puede aplicar lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre del 2009. Ese día, en la sentencia que emitió por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, el organismo señaló: “El fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles”.

El pasajero del asiento 45

Bonfilio nació en Tlatzala, una pequeña comunidad ubicada cerca de Tlapa, Guerrero. Cuando tenía 21 años migró a Estados Unidos. Llegó a Nueva York. Su empleo como ayudante de cocina en un restaurante le permitió enviar dinero a sus padres y a construir una casa en su pueblo.

En diciembre de 2008, Bonfilio regresó a México. Buscó un trabajo fijo en el Distrito Federal, pero no tuvo suerte. Seis meses después decidió regresar a Nueva York. Viajó a su pueblo para despedirse de sus padres y cerrar el trato con el pollero que le cobraría unos miles de pesos por ayudarlo a cruzar la frontera de Estados Unidos.

El sábado 20 de junio de 2009, Bonfilio se despidió de sus padres. “Estaba muy contento” —recuerda su hermano José— , a mis padres les dijo que en Nueva York, seguro encontraría trabajo y enviaría dinero para terminar la casa que dejó en obra negra”.

A las nueve de la noche, en la terminal de autobuses de Tlapa, Bonfilio abordó el camión de la línea Sur, placas 367-HR7. Entonces, él creía que llegaría a la ciudad de México. En el crucero donde se unen los caminos que van a Santa Cruz y Huamuxtitlán, el autobús se detuvo en un retén militar. Soldados del 93 Batallón de Infantería pidieron a todos los pasajeros que bajaran del vehículo para una revisión. A Fausto Saavedra, indígena mixteco que viajaba en el autobús, lo detuvieron porque portaba botas del Ejército. Los soldados ordenaron al resto de los pasajeros subir al camión. El chofer del autobús, Alberto Pizano, pidió a los soldados que firmaran en su hoja de registro de pasajeros, para tener una prueba de la detención de Fausto.

En su declaración, incluida en el expediente, los militares señalan que ordenaron al chofer detenerse de nuevo, pero no obedeció. Dicen que arrancó “en forma rápida”, sin importar que a un lado y enfrente había militares. Por eso dispararon al aire y a las llantas del camión.

“No arranqué ni rápido ni repentino”, declaró el chofer ante el Ministerio Público. “Unos minutos después que arranqué escuché las detonaciones. Algunos pasajeros gritaban: ‘Párate’; otros: ‘Písale’. Decidí acelerar y seguir.

Cuando llegaron a la terminal de autobuses de Huamuxtitlán, a cinco minutos del retén, los pasajeros volvieron a gritar. Se dieron cuenta que Bonfilio, quien viajaba sentado en la última fila, en el asiento número 45, estaba muerto. Una bala del Ejército lo mató. Tenía 30 años.

“Para ellos es como matar un chivo”

A Bonfilio lo mataron y ninguna autoridad avisó a sus padres ni a sus hermanos. Un periódico local informó que un hombre, con apellidos Rubio Villegas, murió en un autobús. “La tarde del domingo, un maestro habló a la casa, pensando que yo era el muerto”, recuerda José. Desde ese día, este maestro de primaria visita juzgados y organizaciones de derechos humanos buscando justicia por el asesinato de su hermano.

Cuando la familia velaba el cuerpo de Bonfilio, sonó el teléfono. Un comandante del Ejército de Tlapa pidió hablar con José. Le dijo que tenían un apoyo para los funerales. La familia se negó a recibir el dinero. Los militares insistieron. Les ofrecieron 160 mil pesos, como indemnización por la muerte de Bonfilio.

—Ni por cien ni por mil pesos o lo que sea nos van a tapar la boca. Para ellos es como si hubieran matado a un chivo: “Lo maté, te lo pago y no digas nada” , dice José.

Por el asesinato de Bonfilio se abrió la averiguación 038/2009, en el Ministerio Público del fuero común del Distrito Judicial de Zaragoza, en Huamuxtitlán.

Poco después de las 11 de la noche del 20 de junio de 2009, el Ministerio Público realizó una inspección al autobús. En el expediente escribió que sólo encontró la sangre del joven indígena y sus pertenencias. En el expediente también hay constancia de que a las 3:10 de la madrugada del 21 de junio, se presentó Héctor Pérez, capitán segundo de Infantería, para solicitar al Ministerio Público que realizara una nueva inspección del camión, porque habían encontrado seis paquetes con mariguana.

“Bonfilio llevaban un paquete de sal, chile seco y frijol que le había dado mi mamá para que se los llevara a mis hermanos”, explica su hermano José Rubio.

Para Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que asesora a la familia de Bonfilio en su búsqueda de justicia, los resultados de la segunda inspección son “un ejemplo de cómo, cuando elementos del Ejército cometen una violación de derechos humanos, su reacción es tratar de encubrir lo ocurrido, incluso criminalizar y estigmatizar a las propias víctimas”.

“¿Quién dio la orden de disparar?”

Durante 2009 y 2010, la familia de Bonfilio envió varios escritos a la Procuraduría de Justicia de Guerrero para saber cómo avanzaba la investigación. En mayo de 2011, les informaron que el juzgado civil declinó su competencia en el caso y el expediente fue enviado, desde el 7 de julio de 2009, al fuero militar.

Fue el juez Sexto Militar, adscrito a la Primera Región Militar, quien determinó que la muerte de Bonfilio se investigaría como un homicidio culposo, porque fue consecuencia de “un comportamiento objetivamente negligente o imprudente” por parte del soldado de infantería Valentín Alejo Hilario, a quien se señaló como probable responsable.

“En esta acción hay mandos del Ejército involucrados. ¿Por qué no se investigó a quién dio la orden de disparar?”, pregunta Matilde Pérez, del Monitor Civil de la Policía en la Montaña de Guerrero, otra de las organizaciones que asesora legalmente a los familiares de Bonfilio.

De 2007 a la fecha, el Monitor Civil de la Policía en la Montaña de Guerrero, registró 413 casos de violaciones a los derechos humanos. De ellos, 29 fueron cometidos por soldados. Entre ellas están los asesinatos de Bonfilio y de Abraham Sonora. A este último, de 20 años, lo mataron el 24 de octubre de 2010. También tiene registrada una desaparición forzada; el resto de los casos son allanamiento de morada.

El derecho a la vida

El 21 de junio de 2011, la familia de Bonfilio solicitó un amparo contra la decisión de enviar el expediente al fuero militar; también demandaron la inconstitucionalidad del Artículo 57 del Código de Justicia Militar. El 2 de diciembre de 2011, el juez resolvió otorgar el amparo a los familiares del indígena nahua.

El 28 de diciembre de 2011, la Procuraduría General de Justicia Militar se inconformó con la sentencia de amparo y presentó el recurso de revisión en donde señala que en el caso de Bonfilio, el Ejército no violó derechos humanos. Además, menciona que hasta la fecha “no existe en cierta Ley u ordenamiento legal, algún catálogo que establezca cuáles delitos son considerados como violatorios de derechos humanos”.

La Procuraduría General de Justicia Militar olvida el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Además, el Artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos precisa que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida… Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Con el recurso de revisión del amparo que presentó el Ejército —dice el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre— la Secretaría de la Defensa Nacional “no está dispuesta a tolerar la limitación del fuero militar. Pretende seguir beneficiándose de un fuero que sirve a la impunidad. Por eso es urgente la reforma al Código de Justicia Militar, como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla, Inés y Valentina y los campesinos ecologistas”.

Para José Rubio, hermano de Bonfilio, “la justicia sólo llegará cuando el Ejército cambie su forma de actuar. Eso es lo que queremos. Por eso seguimos exigiendo justicia. No queremos que nos vean como personas de tercera clase. Nosotros no tenemos dinero que nos ampare, pero tenemos derechos”.