CDHMT: Gobierno Ni-ni

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Así como los sectores gubernamentales perciben a las nuevas generaciones de jóvenes como ni-ni’s porque ni estudian ni trabajan, dando a entender que se trata de una generación perdida, apática y sin proyecto de futuro. Así también los ciudadanos y ciudadanas percibimos a nuestros gobiernos con el mismo síndrome ni-ni, porque ni trabajan para buscar el bienestar de la sociedad, ni estudian las mejores formas para revertir la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta la población en su conjunto.

Hoy enfrentamos una crisis sin precedentes que se manifiesta de manera sórdida y trágica en la violencia que ha tomado dimensiones inimaginables y que ha causado daños irreversibles en las personas, en las familias y en las mismas comunidades y ciudades, lo que ha impedido alcanzar un modo de vivir en condiciones de seguridad. Los gobiernos se han enfrascado en una disputa estéril por el poder, y han invertido todas sus energías políticas para la confrontación partidista, prostituyendo el sentido profundo del ejercicio de la autoridad, entendido como la expresión de un mandato del pueblo a quien debe servir con respeto para construir comunidades seguras con un estándar de bienestar digno.

Los ciudadanos y ciudadanas vivimos en una angustia permanente reforzada por un gobierno apático e indolente que está lejos de entender y de sopesar el drama que enfrentan, no sólo las familias sino los diferentes sectores de la sociedad, que experimentan los estragos que ha causado las políticas fallidas para enfrentar a la delincuencia organizada. Es la misma sociedad la que está obligando al gobierno a que se siente a dialogar con la población agraviada, a que le dedique tiempo para tomar en serio y valorar en su justa dimensión lo que está representando el poder fáctico que tiene el control de los espacios públicos.

Es la población que se empieza a organizar la que tiene el mejor diagnóstico de la inseguridad, la que mejor ubica los focos rojos y la que mejor interpreta la radiografía del crimen organizado, llegando a descubrir los tejidos contaminados que se extienden a las instituciones de seguridad y procuración de justicia. El gran problema es que la autoridad se resiste a tener un diálogo profundo y abierto con la sociedad. Se niega a asumir de manera autocrítica sus graves deficiencias y sobre todo los pactos diabólicos que ha firmado con grupos económicos y políticos de dudosa procedencia. La falta de transparencia de sus actos en la lucha por el poder, le quita fuerza y legitimidad y por eso hay reticencias para tocar fondo y acabar con la red de complicidades que se han tejido dentro de las estructuras gubernamentales.

Para los guerrerenses es muy evidente que en los aparatos de seguridad y de justicia se encuentra instalada y extendida la práctica de la corrupción. Al interior de estas instituciones se respira un ambiente que propicia y tolera esta forma perversa de lucrar con el poder. Desconocemos casos de funcionarios que sean sancionados por tolerar y promover la corrupción, estamos lejos aún de contar con instituciones sostenidas con sistemas de control interno, transparentes y dispuestas a rendir cuentas a la ciudadanía.

De nada sirven las acciones emprendidas por el gobierno si no atiende en primer término la depuración de sus instituciones, si no asume una política de Estado donde los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas sean el eje transversal de las políticas de seguridad y justicia. Las autoridades no deben perder de vista que el centro de todas las acciones por la seguridad y la justicia es el ser humano que siente y que sufre las consecuencias de un régimen que propicia la impunidad, que usa la fuerza para contener el movimiento social y desatiende los problemas más urgentes de una sociedad en vilo.

La gente ha perdido la confianza en las autoridades, pues éstas ni ven ni escuchan los clamores de quienes son víctimas del crimen organizado. Sólo ante delitos consumados asumen posturas reactivas pero no con el fin de enfrentar con decisión esta situación, sino para maquillar la realidad y controlar los daños, para revertir en el discurso el caos que se vive en las diferentes regiones. Se busca amordazar a la misma sociedad para que no se manifieste y para minimizar y aislar una problemática generalizada.

La reticencia de los maestros de regresar a clases, condensa un problema muy grave y complejo que es trasversal a toda la sociedad, porque lo que ellos enfrentan en el día a día no es ajeno a lo que están padeciendo los médicos, las enfermeras, los empresarios, los comerciantes, los transportistas, los estudiantes, los colonos, las familias del campo y la ciudad. Por esto mismo existe un gran desafío para el gobierno que lo obliga a asumir con mucha responsabilidad la necesidad de un cambio de paradigma en el diseño de las políticas públicas de seguridad y justicia, pero más aún en la forma de establecer condiciones de desarrollo desde la perspectiva ciudadana y de los pueblos, es decir, se tiene que privilegiar un régimen constitucional de respeto a los derechos humanos. El mismo diseño de estas políticas debe estar orientado a la seguridad humana para garantizar un verdadero desarrollo en condiciones de igualdad social.

Por su parte la autoridad civil debe asumir la responsabilidad social de cumplir con los fines de la seguridad y la justicia, y por lo mismo la participación del Ejército debe ser excepcional y restringida y en todo caso debe estar sujeta a controles que garanticen el régimen constitucional de los derechos humanos. Ya no se puede pensar en la implementación de políticas sectoriales y fragmentadas, el gran reto es implementar un modelo integral de la política pública donde el tema de la seguridad y justicia, sea parte fundamental de una política de Estado que sea corresponsable con todos los actores sociales. No habrá un gobierno democrático en Guerrero si no promueve e impulsa la transparencia y la rendición de cuentas entre los diversos sectores implicados en la política de seguridad y justicia.  A contrapelo de lo que piensan muchos que gozan de los privilegios del poder, estas instituciones sólo serán fuertes en la medida en que transparenten sus acciones, de lo contrario nunca contarán con el apoyo ni la confianza de la ciudadanía, y a pesar del poder y la fuerza que ostentan serán débiles y sumamente vulnerables.

Nuestro estado, que está conformado por una población mayoritariamente joven, no puede permitir que este gobierno ejerza políticas de exclusión contra quienes forman parte del porvenir. Las autoridades deben de definir claramente una política para la juventud, deben de ser concientes de que los jóvenes no representan peligro alguno, sino que más bien son ellos y ellas quienes están en peligro ante la negativa del gobierno para garantizarles el acceso a las instituciones superiores de educación y para encontrar un empleo seguro. Las y los jóvenes padecen la violencia del Estado por la discriminación y la exclusión que se ejerce contra ellos. Es inconcebible que se deje en total indefensión a los estudiantes que llevan cerca de 50 días en huelga de hambre en el Zócalo de Acapulco, y que se permita que las autoridades educativas desangren su vida y violenten un derecho fundamental. Esta violencia institucional es la que ha causado estragos a la juventud guerrerense y por eso no es casual que un buen número de jóvenes enfrenten problemas relacionados con la drogadicción y se conviertan en presa fácil del crimen organizado.

En Guerrero las autoridades educativas hacen lo contrario a lo acordado en la Convención Nacional de Seguridad Pública, donde los gobernadores se comprometieron a iniciar una campaña nacional para insertar masivamente a las y los jóvenes en los espacios educativos y laborales. Ni educación ni trabajo ofrece el gobierno de Guerrero a los jóvenes, por el contrario violenta sus derechos y los deja sufrir a la intemperie como sucede con los estudiantes que se encuentran en huelga de hambre.  No es casual que en Acapulco se sintetice esta grave realidad: jóvenes luchando por una educación acorde a sus expectativas, jóvenes excluidos que son víctimas de la violencia criminal, y niños que sufren los estragos de la inseguridad y que ponen en riesgo su vida por ir a la escuela.

¿Cómo revertir los estragos sociales que padece nuestro estado si los gobiernos carecen de políticas para la juventud, los excluyen de los beneficios sociales y violentan sus derechos?

¿Cuál es el rumbo que quiere seguir este gobierno cuando desatiende los planteamientos legítimos de los estudiantes, los normalistas, los jóvenes indígenas y campesinos que luchan para ser parte activa y creativa en el desarrollo de nuestro estado?

Sin una política para la juventud que incorpore la perspectiva de género, los gobiernos seguirán siendo cómplices de la violencia contra las mujeres y seguirán zanjando la desigualdad que se remarca contra ellas en todos los ámbitos de la vida social y política. La juventud indígena sigue siendo invisible, sigue sin existir, y a pesar de ello, lucha y se organizan para acabar con la discriminación y el abandono. Se niegan a vivir como parias y a aceptar las políticas etnocidas que violentan sus identidades y le niega a sus pueblos a ejercer el derecho a su libre autodeterminación.

Urge reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que nos tiene sometidos, las autoridades tienen que dar un giro a las estrategias de seguridad y centrarse en la prevención del delito, en el abatimiento de la impunidad, en la reducción del número de muertes, en la prevención de la integridad de las personas y en la defensa de sus derechos humanos. De lo contrario seguirá siendo un gobierno Ni-ni.

Publicado el 26 septiembre 2011 en Opinión y etiquetado en , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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