Represión a Tlachinollan y a Abel Barrera

LA CARA REPRESIVA

Se dio a conocer recientemente que el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el abogado de ese mismo centro, Vidulfo Rosales Sierra, tienen iniciadas sendas averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia de la entidad, sin que hasta el momento se conozcan las razones ni los hechos que se les imputan.

Pero Abel Barrera no es cualquier personaje. Es el guerrerense que mayor trascendencia internacional ha tenido en la defensa de los derechos humanos, de manera particular aunque no únicamente, en la zona indígena de La Montaña. Barrera y Rosales pertenecen a su vez a la ONG que mayor trascendencia ha tenido en los últimos años; su participación en temas como la defensa legal de opositores a la presa La Parota; de los integrantes de la OPIM encarcelados; de las indígenas de Ayutla violadas por militares, entre otros, ha cambiado el rumbo que tenían esos procesos y ha obligado al instituciones como El Ejército, y el Ejecutivo estatal a contener sus acciones.

La indagatoria en su contra es notable porque ocurre cuando Guerrero tiene un gobierno impulsado por la izquierda y cuyo titular se reclama izquierdista, aunque provenga del PRI, partido en el que militó 30 años. Y se suma a la reciente captura del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui.

Lo que ya no encaja muy bien es la revisión al pasado. Durante el primer período en que Aguirre gobernó Guerrero, hubo una selectiva y sistemática persecución a líderes sociales. El entonces diputado local Ranferi Hernández Acevedo tuvo que exiliarse en Francia; Bertoldo Martínez Cruz, del FODEG y Benigno Guzmán Martínez, de la OCSS, fueron encarcelados; Gregorio Alfonso Alvarado López, del Movimiento 500 Años de Resistencia Indígena, fue desaparecido y hasta la vez se ignora su paradero; y Abel Bueno León, periodista, fue asesinado y quemado vivo. Durante ese período ocurrió la matanza de El Charco, y devino la secuela de persecución a indígenas de Ayutla, que aún no concluye; y se aplicó esterilización forzada a indígenas de El Camalote.

Es curioso, parece que el gobierno tuviera dos manos: una que soba con la izquierda, y otra que golpea duro con la derecha.

Fuente: La Jornada Guerrero

Publicado el 25 septiembre 2011 en Política y etiquetado en , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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