Parientes, no policías, hallaron a la niña raptada en Alcozauca

Debido a que fue violada, el caso se consignará por trata y violación

La abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Neil Arias, y familiares de la niña raptada en Alcozauca negaron que las “labores de inteligencia” de la Policía Investigadora Ministerial hayan servido para localizar y rescatarla, sino que fue “la búsqueda incansable” de sus parientes lo que permitió encontrarla.

Además, la abogada de Tlachinollan aseguró que la niña fue violada por uno de sus captores, por lo que el caso se consignará por los delitos de trata de personas y violación sexual.

En entrevista telefónica, Neil Arias detalló que la mañana del sábado la menor fue rescatada por la Policía Ministerial, luego de que los mismos familiares dieran con el lugar donde estaba secuestrada.

La víctima, explicó la abogada, todo el tiempo estuvo en Tlapa, en la casa de los familiares de Mario Bautista Cázares, uno de los que la tenían secuestrada y quien la violó todo el tiempo.

Detalló que Mario Bautista está detenido; sin embargo, Francisco Librado, no, pues “él sólo declaró como inculpado”.

La abogada de Tlachinollan consideró “preocupante” la forma en que se logró el rescate, pues indicó que los propios familiares investigaron para dar con la niña, y sólo cuando ubicaron el lugar intervino la Policía Ministerial para la captura de los responsables.

Detalló que a los familiares les decían que a la niña la veían por Tlapa, luego por un pueblo llamado Cuautipan, de donde es Francisco Librado, por lo que los mismos familiares emprendieron la búsqueda y, “después de varios días, se percataron de que en un lugar salían y entraban las mismas personas, por lo que se quedaron vigilando todo el día, y cuando se dieron cuenta que ahí tienen a la niña, entonces los familiares llaman a la Policía Ministerial para que lleguen y rescaten a la menor”.

Finalmente, la abogada pidió a la PGJE que se haga la investigación del caso con mucho cuidado y perspectiva de género, pues en estas situaciones las víctimas están muy afectadas por lo vivido.

Asimismo, pidió aplicar la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) con la indígena me’phaa, Inés Fernández, cuando fue violada por militares, “ya que se tratan de casos de violación sexual similares a los que sufrieron Valentina Rosendo e Inés Fernández, por tratarse de mujeres indígenas”, destacó.

La policía no buscó: familiares

Entrevistado por teléfono, Abel Campos, pariente de la víctima, dijo que la Policía Ministerial no buscó a la niña, que todo el trabajo lo hicieron los familiares.

“Recorrimos varios pueblos de Tlapa, donde nos decían que podía estar o donde nos decían que la habían visto; fuimos a buscar a los familiares de Mario Bautista, quien era uno que la tenían, para pedirles que nos dijeran dónde la tenían”, detalló.

Finalmente la localizaron; “entonces llamamos a la Policía Ministerial”, reprochó.

Denuncian trata de blancas en la región de la Montaña de Guerrero

De acuerdo al Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan las redes que operan este delitos incluyendo explotación sexual, actúan en algunos casos bajo la protección de autoridades.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan denunció que en la región Montaña todavía operan redes de delincuentes dedicados a la trata y explotación sexual de personas, en algunos casos con la protección de las autoridades.

En un comunicado emitido este 29 de febrero, el organismo informó que el 7 del presente, alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando la joven Patricia Campos Muñoz iba a la telesecundaria de Lomazoyatl, municipio de Alcozauca fue interceptada por dos personas que iban a bordo de una camioneta negra, tipo lobo con vidrios polarizados, de la cual descendió un sujeto quien le tapó la boca para que no gritara, llevándosela con rumbo desconocido hacia la carretera Tlapa-Metlatónoc.

Los habitantes de Lomazoyatl instrumentaron un operativo de búsqueda pero ya no la encontraron, por lo que interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Tlapa.

Tlachinollan asegura que el fenómeno no es nuevo en las comunidades indígenas de la zona, el 2009 las menores Flora Saldaña Aparicio, Esperanza Marcelino Lara y Herminia Apolinar Flores, oriundas de la comunidad de Ixtlahua Roja, Municipio de Atlixtác, fueron sacadas de su casa con engaños y posteriormente las vendieron para prostituirlas y utilizarlas para trabajos domésticos sin remuneración.

El Centro de Derechos Humanos sostiene que en ese caso las autoridades investigadoras nunca actuaron con diligencia, las menores aparecieron no por la eficacia de la policía, sino por la búsqueda incansable de sus propios familiares.

La forma en que se levaron a Patricia Campos Muñoz, de acuerdo a Tlachinollan es una muestra de que las redes que se dedican a la trata de personas operan impunemente en la Montaña, incluso con la complacencia de las autoridades.

“ A más de más de veinte días, Patricia sigue desaparecida y las autoridades encargadas de la investigación conducen el caso con omisiones, irregularidades y lentitud. Pese a que los familiares ya hicieron un señalamiento contra los responsables y de que está ubicado el lugar donde se encuentra la menor, pero el Ministerio Público y la Policía ministerial sospechosamente se niegan a actuar”, apuntó.

El organismo indicó que la condición de pobreza, de mujer e indígena hace a las habitantes de la Montaña vulnerables ante los grupos de delincuentes que las utilizan como mercancía, por eso pidió la intervención de instancias nacionales e internacionales para que tomen nota del asunto.

Salen 73 mil indígenas cada año a trabajar al norte; no se respetan sus derechos humanos y laborales: Tlachinollan

Voracidad de empresarios agrícolas, violaciones a derechos humanos y de trabajo, y explotación laboral de niños, forman parte de la tragedia que viven miles de indígenas de los estados más pobres del país que emigran cada año a las entidades del norte para emplearse como jornaleros agrícolas, de acuerdo con el informe Migrantes somos y en el camino andamos.

El documento fue elaborado y presentado en la ciudad de México por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y está enfocado en la ruta que siguen año con año los indígenas guerrerenses, que ocupan el primer lugar de migración interna nacional, de acuerdo con el Diagnóstico Integral sobre los jornaleros agrícolas y sus familias, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal.

“El informe tiene el objetivo de visibilizar a un sector abandonado: los indígenas, que aunque no hablan español tienen dignidad, pero para quienes no hay justicia, porque no representan dividendos políticos”, dijo Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.

En el documento se destaca que de los más de 2 millones de personas que emigran a otros estados del país, los indígenas guerrerenses ocupan el primer lugar, debido a la falta de oportunidades de desarrollo laboral y humano en sus comunidades.

De los más de 73 mil indígenas guerrerenses que año con año dejan sus comunidades para dirigirse a entidades como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, 42 por ciento son menores de 15 años; y 6 por ciento, menores de un año. Aproximadamente 20 por ciento de los menores se integran a las duras jornadas agrícolas.

Victoria Cruz, coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó en su presentación las “ausencias de derechos, a la salud, a la vivienda digna, al trabajo justamente remunerado, y ante todo, ausencia de autoridad de Estado para hacer respetar las leyes y normas que protegen a esta población tan invisibilizada y explotada”.

Manifestó asimismo la preocupación de que después de 39 años de que se adoptó el Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima para la Admisión de Empleo, “México sea el único país de América Latina que se resiste a ratificarlo, lo que habla mucho de cuáles son los intereses de este país, porque ese convenio tiene como objetivo erradicar el trabajo infantil”.

“Hay una gran voracidad de los empresarios agrícolas, para ellos la mano de obra infantil no sólo es más barata, sino más efectiva y en ocasiones hasta codiciada, porque con su manos pequeñas, los niños no maltratan las legumbres y verduras; además por su baja estatura, se cansan menos porque casi no tienen que agacharse para cosechar”, apuntó Margarita Nemecio, coordinadora del Área de Migrantes en Tlachinollan.

En el documento elaborado por Tlachinollan se describen 312 casos de violaciones a derechos humanos y laborales. “La mayoría de los expedientes tienen que ver con muertes ocurridas en los campos agrícolas, en la operación de maquinaria o en los traslados de los campamentos a las zonas de trabajo; a los indígenas los obligan a firmar documentos en los que eximen a los empresarios de cualquier responsabilidad, incluso cuando se trata de asuntos penales; pero los indígenas no saben leer ni escribir, y muchos ni siquiera hablan español”, resaltó Nemecio.

Entre las muertes documentadas por Tlachinollan hay siete de niños, la más pequeña, de cinco meses de nacida, Silvia, quien murió al ser atropellada por un tractor. “Las mujeres no cuentan con servicio de guardería mientras laboran; y los campamentos no son sitios seguros porque todas las mujeres salen a trabajar. Cuando Silvia murió ni siquiera estaba registrada”, añadió Nemecio.

“Somos pobres, no sabemos

leer ni escribir bien”, dice una

jornalera

Durante la presentación del informe, Aureliana Díaz Benigno, confirmó las difíciles condiciones de trabajo a las que se enfrentan las mujeres indígenas en los campos agrícolas, donde los derechos laborales no existen, mucho menos para ellas.

Aureliana contó que, en estado de gravidez, en campos agrícolas de Morelos trabajaba jornadas completas en la pizca de ejote, y como todos los jornaleros, tras llenar su costal de 70 kilos, lo llevaba ante los capataces.

En uno de los viajes, por un accidente de trabajo, su marido murió, y Aureliana, “sin ayuda de los patrones”, trasladó el cuerpo de su pareja a Tlapa, para después regresar a los campos a trabajar junto con sus tres hijos.

Ante el abandono, los indígenas de Guerrero se han organizado en el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, que preside Miguel Martínez Peralta, quien conoce “en carne propia” el sufrimiento de éstos y el “desprecio” que reciben “de las autoridades”.

Las demandas más sentidas de este Consejo de Jornaleros, dijo Martínez, son agua y luz en los lugares de Tlapa previos a la partida para trabajar en los estados del norte.

“Somos pobres, no sabemos leer ni escribir bien, hay algunos que no saben ni español, pero tenemos dignidad, por eso pedimos que se nos atienda”, apuntó el dirigente indígena.

Los indígenas “los más

despojados”: ONU

Por su parte, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, lanzó una pregunta al aire: “¿Cuántos cientos de años más se va a seguir apostando a mantener esas enormes brechas en las que los más pobres de entre los pobres siguen siendo los indígenas, y como hace cientos de años, siguen siendo los más explotados y los más despojados?”

Fuente: El Sur

Claman justicia por otra víctima de militares

A dos años de los hechos, familiares de Bonfilio Rubio insisten que responsables sean juzgados por autoridades civiles

Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua, regresó a México para que lo matara una bala del Ejército. Eso fue en junio del 2009, en un retén militar. Desde entonces su familia busca justicia y lucha porque la investigación se realice en un juzgado civil y no en el fuero militar, donde se encuentra ahora.

La investigación por la muerte de Bonfilio comenzó en un juzgado civil, pero éste declinó su competencia y envió el expediente al fuero militar. En diciembre pasado, la familia de Bonfilio ganó una sentencia de amparo para que el expediente regrese a las manos de un juez civil. El Ejército se resiste a dejar el caso.

El 28 de diciembre de 2011, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) presentó un recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo. En él argumenta que el caso debe continuar en el fuero castrense, porque no es una violación a los derechos humanos, ya que “en ningún momento el Estado ordenó directamente que se privara de la vida a Bonfilio Rubio”.

Para el Ejército —de acuerdo con en el recurso de revisión—, “la violación de los derechos humanos de los civiles se da cuando el Estado realiza una acción tendiente a socavar, transgredir o reprender de manera deliberada a un individuo o grupo de individuos, expresándose en detenciones arbitrarias, muertes, incomunicaciones, detenciones con desaparición, torturas, malos tratos”.

En el caso Bonfilio, señala la PGJM, no se puede aplicar lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre del 2009. Ese día, en la sentencia que emitió por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, el organismo señaló: “El fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles”.

El pasajero del asiento 45

Bonfilio nació en Tlatzala, una pequeña comunidad ubicada cerca de Tlapa, Guerrero. Cuando tenía 21 años migró a Estados Unidos. Llegó a Nueva York. Su empleo como ayudante de cocina en un restaurante le permitió enviar dinero a sus padres y a construir una casa en su pueblo.

En diciembre de 2008, Bonfilio regresó a México. Buscó un trabajo fijo en el Distrito Federal, pero no tuvo suerte. Seis meses después decidió regresar a Nueva York. Viajó a su pueblo para despedirse de sus padres y cerrar el trato con el pollero que le cobraría unos miles de pesos por ayudarlo a cruzar la frontera de Estados Unidos.

El sábado 20 de junio de 2009, Bonfilio se despidió de sus padres. “Estaba muy contento” —recuerda su hermano José— , a mis padres les dijo que en Nueva York, seguro encontraría trabajo y enviaría dinero para terminar la casa que dejó en obra negra”.

A las nueve de la noche, en la terminal de autobuses de Tlapa, Bonfilio abordó el camión de la línea Sur, placas 367-HR7. Entonces, él creía que llegaría a la ciudad de México. En el crucero donde se unen los caminos que van a Santa Cruz y Huamuxtitlán, el autobús se detuvo en un retén militar. Soldados del 93 Batallón de Infantería pidieron a todos los pasajeros que bajaran del vehículo para una revisión. A Fausto Saavedra, indígena mixteco que viajaba en el autobús, lo detuvieron porque portaba botas del Ejército. Los soldados ordenaron al resto de los pasajeros subir al camión. El chofer del autobús, Alberto Pizano, pidió a los soldados que firmaran en su hoja de registro de pasajeros, para tener una prueba de la detención de Fausto.

En su declaración, incluida en el expediente, los militares señalan que ordenaron al chofer detenerse de nuevo, pero no obedeció. Dicen que arrancó “en forma rápida”, sin importar que a un lado y enfrente había militares. Por eso dispararon al aire y a las llantas del camión.

“No arranqué ni rápido ni repentino”, declaró el chofer ante el Ministerio Público. “Unos minutos después que arranqué escuché las detonaciones. Algunos pasajeros gritaban: ‘Párate’; otros: ‘Písale’. Decidí acelerar y seguir.

Cuando llegaron a la terminal de autobuses de Huamuxtitlán, a cinco minutos del retén, los pasajeros volvieron a gritar. Se dieron cuenta que Bonfilio, quien viajaba sentado en la última fila, en el asiento número 45, estaba muerto. Una bala del Ejército lo mató. Tenía 30 años.

“Para ellos es como matar un chivo”

A Bonfilio lo mataron y ninguna autoridad avisó a sus padres ni a sus hermanos. Un periódico local informó que un hombre, con apellidos Rubio Villegas, murió en un autobús. “La tarde del domingo, un maestro habló a la casa, pensando que yo era el muerto”, recuerda José. Desde ese día, este maestro de primaria visita juzgados y organizaciones de derechos humanos buscando justicia por el asesinato de su hermano.

Cuando la familia velaba el cuerpo de Bonfilio, sonó el teléfono. Un comandante del Ejército de Tlapa pidió hablar con José. Le dijo que tenían un apoyo para los funerales. La familia se negó a recibir el dinero. Los militares insistieron. Les ofrecieron 160 mil pesos, como indemnización por la muerte de Bonfilio.

—Ni por cien ni por mil pesos o lo que sea nos van a tapar la boca. Para ellos es como si hubieran matado a un chivo: “Lo maté, te lo pago y no digas nada” , dice José.

Por el asesinato de Bonfilio se abrió la averiguación 038/2009, en el Ministerio Público del fuero común del Distrito Judicial de Zaragoza, en Huamuxtitlán.

Poco después de las 11 de la noche del 20 de junio de 2009, el Ministerio Público realizó una inspección al autobús. En el expediente escribió que sólo encontró la sangre del joven indígena y sus pertenencias. En el expediente también hay constancia de que a las 3:10 de la madrugada del 21 de junio, se presentó Héctor Pérez, capitán segundo de Infantería, para solicitar al Ministerio Público que realizara una nueva inspección del camión, porque habían encontrado seis paquetes con mariguana.

“Bonfilio llevaban un paquete de sal, chile seco y frijol que le había dado mi mamá para que se los llevara a mis hermanos”, explica su hermano José Rubio.

Para Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que asesora a la familia de Bonfilio en su búsqueda de justicia, los resultados de la segunda inspección son “un ejemplo de cómo, cuando elementos del Ejército cometen una violación de derechos humanos, su reacción es tratar de encubrir lo ocurrido, incluso criminalizar y estigmatizar a las propias víctimas”.

“¿Quién dio la orden de disparar?”

Durante 2009 y 2010, la familia de Bonfilio envió varios escritos a la Procuraduría de Justicia de Guerrero para saber cómo avanzaba la investigación. En mayo de 2011, les informaron que el juzgado civil declinó su competencia en el caso y el expediente fue enviado, desde el 7 de julio de 2009, al fuero militar.

Fue el juez Sexto Militar, adscrito a la Primera Región Militar, quien determinó que la muerte de Bonfilio se investigaría como un homicidio culposo, porque fue consecuencia de “un comportamiento objetivamente negligente o imprudente” por parte del soldado de infantería Valentín Alejo Hilario, a quien se señaló como probable responsable.

“En esta acción hay mandos del Ejército involucrados. ¿Por qué no se investigó a quién dio la orden de disparar?”, pregunta Matilde Pérez, del Monitor Civil de la Policía en la Montaña de Guerrero, otra de las organizaciones que asesora legalmente a los familiares de Bonfilio.

De 2007 a la fecha, el Monitor Civil de la Policía en la Montaña de Guerrero, registró 413 casos de violaciones a los derechos humanos. De ellos, 29 fueron cometidos por soldados. Entre ellas están los asesinatos de Bonfilio y de Abraham Sonora. A este último, de 20 años, lo mataron el 24 de octubre de 2010. También tiene registrada una desaparición forzada; el resto de los casos son allanamiento de morada.

El derecho a la vida

El 21 de junio de 2011, la familia de Bonfilio solicitó un amparo contra la decisión de enviar el expediente al fuero militar; también demandaron la inconstitucionalidad del Artículo 57 del Código de Justicia Militar. El 2 de diciembre de 2011, el juez resolvió otorgar el amparo a los familiares del indígena nahua.

El 28 de diciembre de 2011, la Procuraduría General de Justicia Militar se inconformó con la sentencia de amparo y presentó el recurso de revisión en donde señala que en el caso de Bonfilio, el Ejército no violó derechos humanos. Además, menciona que hasta la fecha “no existe en cierta Ley u ordenamiento legal, algún catálogo que establezca cuáles delitos son considerados como violatorios de derechos humanos”.

La Procuraduría General de Justicia Militar olvida el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Además, el Artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos precisa que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida… Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Con el recurso de revisión del amparo que presentó el Ejército —dice el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre— la Secretaría de la Defensa Nacional “no está dispuesta a tolerar la limitación del fuero militar. Pretende seguir beneficiándose de un fuero que sirve a la impunidad. Por eso es urgente la reforma al Código de Justicia Militar, como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla, Inés y Valentina y los campesinos ecologistas”.

Para José Rubio, hermano de Bonfilio, “la justicia sólo llegará cuando el Ejército cambie su forma de actuar. Eso es lo que queremos. Por eso seguimos exigiendo justicia. No queremos que nos vean como personas de tercera clase. Nosotros no tenemos dinero que nos ampare, pero tenemos derechos”.

 

Guerrero condena por segunda vez a mujer por abortar

A pesar de que el estado de Guerrero no ha reformado sus leyes locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, ni limitar o eliminar las causales para la interrupción legal del embarazo (ILE), su sistema penal ratificó una condena de prisión contra una mujer indígena que sufrió un aborto espontáneo.

Y es que por segunda ocasión, el juzgado del municipio de Huamuxtitlan, dictó auto de formal prisión contra Virginia, indígena náhuatl que desde hace tres años permanece en la cárcel acusada de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo durante el tercer trimestre de gestación.

Verónica Cruz, coordinadora de la organización guanajuatense Las Libres, dijo a Cimacnoticias que la acusación contra Virginia “no tiene sostén jurídico, y es un ejemplo de la falta de justicia para las mujeres, agravada por ser pobres e indígenas”.

Con el auto de formal prisión, tras permanecer tres años encarcelada sin recibir sentencia, la indígena náhuatl es víctima por segunda vez de la “deshumanización de las autoridades” guerrerenses, las cuales hasta ahora han sido incapaces de actuar ante una “injusticia evidente”, denunció la activista.

 

CONTRADICCIONES JURÍDICAS

En abril de 2006 Virginia sufrió una caída en su casa que no le permitió levantarse. Varias horas después fue trasladada a un hospital en Puebla, donde los médicos la denunciaron ante el Ministerio Público (MP) por supuestamente inducirse un aborto, ya que su útero presentaba desgarres.

Sin orden judicial, las autoridades catearon la casa de la guerrerense y encontraron rastros de que la indígena tuvo una hemorragia; hallaron al producto sin lesiones, pero no la evidencia sobre la causa de su muerte. Al feto no se le practicó la necropsia para conocer el por qué del deceso.

A pesar de ello, el MP inició la averiguación contra Virginia por el delito de homicidio en razón de parentesco, sin proporcionarle un traductor y un defensor que conozca su cultura y costumbres, ya que ella sólo habla y entiende su lengua.

En contraste con los 17 estados del país que desde 2008 reformaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, Guerrero no tiene una modificación en ese sentido y mantiene en su Código Penal causales para el aborto legal.

Entre ellas está cuando el aborto sea espontáneo, sea resultado de una violación sexual o una inseminación artificial no consentida, y cuando el producto tenga malformaciones genéticas o congénitas.

Entre 2010 y 2011, en estados como Guanajuato y Baja California –donde se aplicaron las contrarreformas constitucionales– fueron encarceladas decenas de mujeres que sufrieron abortos espontáneos y a quienes –al igual que a Virginia– se les acusó de “homicidio en razón de parentesco”.

 

JUSTICIA PARCIAL

En febrero de 2009 Virginia fue detenida sin orden de aprehensión e internada en el Centro de Readaptación Social en Tlapa, Guerrero. Siete meses después, el Tribunal de Apelación de Huamuxtitlan ordenó el auto de formal prisión en su contra por el delito de homicidio en razón de parentesco. Pasaron dos años y 10 meses sin que la indígena recibiera sentencia.

En abril de 2011, apoyada por el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Colectivo Nosotras y Las Libres, la defensa de Virginia interpuso un amparo indirecto ante un juez federal en el que enunciaron las múltiples violaciones a sus derechos. La Federación ordenó a César Abraham Calderón Torres, juez mixto de Primera Instancia en Huamuxtitlan, reponer el proceso.

Sin embargo, el juez guerrerense “no entendió que reponer el proceso significa que no tienen elementos para mantenerla presa y, por ende, debió concederle su libertad”.

En lugar de ello “él interpretó la orden como rectificar lo que hicieron mal, que según él consistió en entregar las ‘pruebas’ en una sola, y lo que hizo fue desglosar una por una y repetir lo que ya estaba”, detalló Verónica Cruz.

La defensa de Virginia apeló y presentó un amparo ante el juzgado federal en Chilpancingo, en el que se inconforma por la respuesta de Calderón Torres y demanda que la liberación inmediata de la mujer.

Cruz indicó que con la segunda apelación, que deberá resolverse este mes, espera que se conceda la libertad a la indígena náhuatl.